Una propuesta social para reducir la espera por la dependencia de 600 a 60 días

Más peso de la Atención Primaria para reducir el trámite de las prestaciones por dependencia. La asociación de cuidadoras Acuidafe y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias ha elaborado una propuesta para cambiar el modelo por el que se tramitan las solicitudes que tiene como eje a los centros de salud y con el que aspiran a reducir de 628 a 60 días la dilación del procedimiento. 

Elena Felipe, directora de Acuidafe, y Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, aclararon que la propuesta nace tras estudiar el nuevo decreto regulador del sistema de la Dependencia de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, aun en fase borrador, ante el que directamente desestimaron presentar alegaciones para mejorarlo porque consideraron que no contribuía a simplificar la burocracia a las personas solicitantes. 

"Cuando recibimos el decreto que se publica por parte de la Dirección General de Dependencia, lo primero que realizamos fue un análisis y se nos planteaban dos opciones: simplificar a la gente la vida o simplificar a la administración su trabajo. Creemos que simplificando a la gente la vida se puede simplificar a la administración su trabajo", expuso Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, durante una rueda de prensa junto a cuatro integrantes del equipo directivo de Acuidafe y al que también acudió la diputada del PSOE Elena Máñez.

Para reducir a dos meses todo el procedimiento, ambos colectivos abogan porque la mayor parte del trámite se realice en los centros de salud de atención primaria. "Es una red a la que toda la ciudadanía acude. Todos tenemos un centro de salud de referencia y un médico o una médica de cabecera. Al descentralizar y simplificar el procedimiento, en dos meses queda resuelto", defiende.

Un calvario

Antes de exponer con detalle su propuesta, Elena Felipe explicó el "auténtico calvario" que se deben seguir en la actualidad: "Tenemos que solicitar cita para pedir a nuestro médico o médica el informe de salud. Y el modelo que se utiliza deja mucho que desear porque no recoge la información que se necesita para poder valorar adecuadamente la situación de dependencia de una persona. Una vez se tiene el informe de salud, se pide cita con los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente. En función del municipio puede haber más o menos suerte, es decir, podemos esperar de 1 a 3 meses para que nos atiendan".

En el siguiente paso, se requiere presentar una "ingente" cantidad de documentación en el ayuntamiento para elaborar el expediente e iniciar el trámite de dependencia. El documento se eleva a la Dirección General de Dependencia, donde se examina, se revisa y se valora y si no hay que requerir nuevamente documentación, se pasa a la correspondiente valoración del grado de dependencia. "Entonces, tenemos que esperar la llamada para que nos hagan la visita en casa y luego se emita la resolución. En este proceso pueden pasar entre 2 y 3 meses aproximadamente", detalla Elena Felipe.

Después, se debe planificar la segunda visita para realizar el Programa Individual de Atención (PÍA) y, una vez que la persona solicitante cuenta con ambas resoluciones, "ya sabe lo que le corresponde y puede engrosar las listas de espera para poder acceder a un servicio público o para entrar en nómina y que se pueda proceder a su abono", añade Elena Felipe, quien matiza que todo el procedimiento puede superar los 600 días sí se producen diversas reclamaciones o subsanaciones.

Eliminar burocracia y descentralizar

Con la propuesta, ambos colectivo abogan por eliminar los trámites burocráticos en los ayuntamientos y poder solicitarlos en el mismo centro de salud. "Directamente, se iniciaría el expediente (con el personal de trabajo social del centro) recabando la información que se necesita. Toda nuestra documentación la tiene la administración. La persona no tiene que aportar más documentación que su carnet de identidad para su identificación", estima Elena Felipe.

De forma paralela y simultánea, la persona solicitante sería derivada a su médico de cabecera para la elaboración de su informe de salud en coordinación con la enfermera comunitaria de enlace. "Luego se haría la visita en el domicilio de la persona en situación de dependencia para hacerle la valoración del grado, que se incluiría en el informe de salud", sostiene Elena Felipe, que sería derivado a la trabajadora social, quien realizaría la entrevista correspondiente.

"Le ofrecería los recursos del PÍA y se recogerían los servicios y prestaciones a los que podría tener derecho de acuerdo con el régimen de compatibilidad que establece la ley para su caso. En esa entrevista, también se recabaría la conformidad o disconformidad de la persona solicitante con el grado que se le ha otorgado y ese PÍA", especifica Elena Felipe. Y tras este trámite, el expediente pasaría a la Dirección General de Dependencia "para que resuelva favorablemente el PÍA o resuelva aquellas disconformidades que se puedan presentar".

"Estamos hablando de simplificar, de quitar barreras, de desburocratizar, de pensar en la gente, de garantizar un derecho. Proponemos un decreto honesto, coherente y que está basado en 20 años de experiencia profesionales porque sabemos que se trata de cambiar el modelo", reitera Elena Felipe, quien resume su iniciativa en tres premisas: reducir la burocracia; descentralizar y actuar con coherencia.

Racionalizar recursos

"Al hablar de dependencia, hablamos de alzhéimer, hablamos de enfermedades neurodegenerativas, hablamos de cuerpos de Lewy… ¿Pretendemos que las profesionales de trabajo social conozcan a la perfección estas enfermedades? La única garantía del actual sistema es que la gente puede morir sin ver reconocido su derecho", añade Colao. Además, considera que aprovechar los recursos sociosanitarios también permite hacer frente a las limitaciones de la Dirección General de Dependencia.

En este sentido, Colao dijo que "el 70% del personal de Dependencia está comprometido con un contrato -programa con el Imserso cofinanciado a un 80% aproximadamente y cuya finalización es el 31 de diciembre de este año. Si no se logra una solución temporal o se incrementa la relación de puestos de trabajo, el 70% de ese personal iría al paro. Los 628 días de espera se puede convertir en más de 1.000". Además, señaló que existen "menos de 20 trabajadoras que valoran las situaciones de dependencia en Canarias" y "mensualmente se recibe una media de entre 1.800 y 2.000 solicitudes", mientras que "solo en Tenerife hay 34 profesionales de la enfermería comunitaria de enlace", por lo que reiteró en la importancia de "racionalizar el presupuesto".

Ante las dificultades que puede tener el sistema sanitario para absorber estas atenciones, desde Acuidafe alegan que ya se prestan en los centros de salud algunos de los servicios que han propuesto y tan solo se trata de aprovecharlos más. "Si valoro a una persona con dependencia y hago que pase por toda la tortura de esperar, estoy empeorando una situación de dependencia que se alarga en el tiempo. Si valoro, quiero que esa persona y esa familia tenga una solución", defendió Lourdes Regalado, enfermera jubilada y vocal de Acuidafe.