Hasta siete de las 17 personas señaladas en el dictamen de la comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente de Spanair como responsables del «fallo sistémico» que produjo el siniestro, el 20 de agosto de 2020 y en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas, han presentado recurso ante la presidenta de la Cámara, Maritxell Batet, por considerar que tal señalamiento personal es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional y lesiona su «derecho al honor». Todas ellas han remitido escrito solicitando ser excluidas de dicha lista o, en su caso, «adoptar las medidas pertinentes» antes de que el dictamen aprobado por la comisión el pasado día 22 de abril sea sometido a votación mañana en el pleno y previsiblemente ratificado con el único voto en contra del PSOE. Los socialistas han presentado un voto particular en el que precisamente proponen eliminar ese punto, la conclusión décima del documento parlamentario, además de la recomendación novena que insta a actuar a la Fiscalía.
Estos recursos, que la Mesa del Congreso analiza, no tendrán sin embargo efecto concreto sobre la tramitación del dictamen y sobre la votación ya que ésta se producirá sobre el texto aprobado en comisión, en la que se responsabiliza a toda la cúpula el entonces Ministerio de Fomento de muchas de las circunstancias que originaron el accidente, aunque sí anticipa con toda probabilidad futuros recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de los incluidos en el listado.
De las siete personas recurrentes, dos de ellas apuntan además, también en escritos dirigidos a la presidenta de la comisión de investigación, la diputada canaria de Unidas Podemos Meri Pita, que sus nombramientos para los cargos que ocuparon fueron posteriores a la fecha del accidente, solicitando por tanto que se corrija ese «error material» y que sus nombres sean eliminados de la nómina de los supuestos «responsables» de las «decisiones que dentro del sistema se tomaron en el momento del siniestro», tal como reza en el dictamen.
Esas dos personas son Isabel Maestre, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que asumió dicho puesto el 5 de noviembre de 2008, más de dos meses después de la fecha del accidente, y Rosa María Arnaldo Valdés, que fue designada presidenta de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), en junio de 2010, dos años después del accidente y por tanto sostiene que «no es posible considerar que pueda haber sido parte de, ni asumido, ninguna decisión que se tomara en el momento del accidente», aunque obvia en este escrito el hecho de que sí presidia dicho órgano de investigación cuando éste exculpó a la administración en su informe de julio de 2011.
El PSOE trata de paralizar que la lista de supuestos responsables llegue a la Fiscalía
En todo caso, la propia Valdés también presenta ante el Congreso un escrito solicitando, «con carácter previo al ejercicio de las acciones legales que procedan», que «se adopten las medidas necesarias para que cese la vulneración» a su «derecho al honor» y que en la discusión del dictamen en el pleno «se elimine la conclusión décima del dictamen» en la que se incluye su nombre y una imputación de responsabilidad.
El mismo tipo de recurso presentan otros cinco de los señalados en el dictamen, la mayoría de ellos altos cargos de Fomento en la fecha en que se produjo el siniestro, aunque de momento no ha presentado ningún escrito ni la entonces responsable de ese departamento, la socialista Magdalena Álvarez, la primera de los señalados.
Esos cinco recurrentes contra el dictamen de la comisión de investigación son Miguel Ángel Oleaga, director del Aeropuerto Madrid-Barajas, donde se produjo el accidente durante el despegue del avión con destino a Gran Canaria; Carmen Librero, directora de Navegación Aérea; Manuel Azuaga, presidente de AENA; Francisco Javier Soto, secretario de la Ciaiac; y Justo Sánchez, el inspector que firmó la prórroga del certificado de aeronavegabilidad del avión siniestrado. Todos ellos señalan en sus respectivos escritos que «conforme a la jurisprudencia constitucional», consideran que se vulnera su «derecho al honor», y mencionan una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2009 en la que se señala que a las cámaras parlamentarias «no les corresponde declarar la existencia de conductas punibles y la determinación de su autoría», en referencia a un auto sobre el dictamen aprobado por las Cortes Valencianas sobre las responsabilidades del accidente del metro de Valencia de 2006 en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas.
Lista «inconstitucional»
La mayoría de los que se dirigen a Batet recuerdan que el informe jurídico del letrado de la comisión de investigación ya advirtió contra la «inconstitucionalidad» de las conclusiones de la comisión e instaba a la eliminación de la lista. También advertía el letrado sobre el más que probable recurso de muchos de los ante los tribunales.
De hecho, varios de los que han mandado escrito al Congreso avanzan posibles «acciones civiles o de otro tipo» pues desde que se cerrara la comisión han visto comprometidos su reputación.
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Todos estos escritos de amparo al Congreso se expresan en los mismos términos que lo hace el voto particular del PSOE contra el dictamen, en relación con la vulneración de los derechos reconocida por el TC y las limitaciones de las comisiones parlamentarias en el establecimiento de responsabilidades, que deben ser exclusivamente políticas, por lo que reclama la eliminación de esa lista. También reclaman los socialistas a eliminación de la recomendación de instar la intervención de la Fiscalía General del Estado por posibles «conductas negligentes» de quienes tuvieron alguna responsabilidad pública o relación con el accidente. Los socialistas consideran que «el establecimiento de tal sospecha generalizada, indiscriminada e injustificada sobre todos los comparecientes en la Comisión resulta de una gravedad extrema», y exigen su eliminación.
