A menos de tres semanas de que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, Canarias sigue sin conocer demasiado detalle de las partidas claves que tienen que ver con el desarrollo de la agenda canaria y que el Gobierno regional cree tener comprometida por parte del Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene intacta su idea de remitir sus terceras cuentas estatales de la legislatura en el plazo constitucionalmente establecido, antes de concluir septiembre (quizá en todo caso con una semana de retraso), pero aún no ha entrado de lleno en la negociación de fondo con los grupos parlamentarios, ni tampoco ha proporcionado información en el ámbito territorial como para que Canarias conozca aquellos aspectos del proyecto que más le interesan.
Sí tiene Canarias, como el resto de comunidades autónomas, las cifras correspondientes a los fondos de financiación autonómica, esenciales para elaborar los presupuestos regionales, dados a conocer el pasado 25 de julio por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a los consejeros homónimos de cada una de las autonomías. Pero esa parte del presupuesto es ajena al habitual proceso político de tira y afloja sobre el peso de las partidas de inversión y de transferencias de capital que marcan el tratamiento real de las cuentas cada uno de los territorios, y sobre las que Canarias siempre está vigilante para comprobar si se cumple el REF y cuenta con una inversión equiparable a la media estatal, tal como establece el fuero isleño.
De entrada, y en relación con la financiación autonómica, Canarias contará en los nuevos presupuestos con 6.519 millones de fondos estatales para cubrir la prestación de sus servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales), de ellos 5.590 en concepto de entregas a cuentas, así como otros 986 por la liquidación del ejercicio correspondiente a 2021. Esta cifra supone un 24% más de la recibida en los presupuestos en vigor y una garantía para que el Gobierno de Canarias presente unas cuentas propias de récord para 2023, con un 11% de incremento de gasto, hasta los 10.000 millones (1.000 más que en 2022), pese a una previsión de ingresos propios inferior en un 0,28% respecto a las necesidades de financiación.
Para el conjunto del Estado, el Gobierno central ya ha aprobado un techo de gasto no financiero de 198.330 millones, un 1,1% más que para 2022 y también la mayor cifra de la historia con el sostén de los fondos europeos de recuperación.
Este escenario, sin embargo, no reduce en nada el ánimo vigilante del Gobierno autonómico sobre la parte presupuestaria del Estado relacionada con las partidas destinadas directamente a las Islas en materias como infraestructuras y subvenciones reconocidas en el REF, que son las que en estos momentos los ministerios están ya ‘pintando’ en el anteproyecto de ley. El Ejecutivo de coalición presidido por Ángel Víctor Torres confía en que se mantengan las grandes cifras y las partidas más importantes de las cuentas del año en curso, que para las fuerzas políticas del pacto de gobierno constituyeron las más elevadas de la historia sumadas las inversiones directas del Estado y las transferencia de capital a la comunidad autónoma. Pero desde la consejería de Hacienda que gestiona el también vicepresidente Román Rodríguez se mantiene la inquietud de estar todavía muy a ciegas sobre esos capítulos del presupuesto.
Menor margen con enmiendas
El equipo de la consejería pretendía una comunicación más fluida y cercana con el Ministerio de Hacienda para tener una cierta garantía de que esas partidas estarían ya en el anteproyecto que el Consejo de Ministros a finales de mes. Pero esa información de momento no ha llegado y se teme que cuando lo haga, no haya tiempo para corregirla. Se podría hacer mediante enmiendas durante la tramitación, pero se es consciente de esa dificultad en un contexto político y económico como el actual.
La consejería, en manos de NC, es consciente de que, en los dos últimos años, importantes partidas para Canarias no recogidas en el proyecto remitido al Congreso se lograron mediante enmiendas tras una ardua negociación política a través del diputado que la formación tenía en la Cámara Baja, Pedro Quevedo. Este pactó mejoras durante la tramitación de 110 millones en las cuentas de 2021, y de 100 en las de 2022, cifras que cubrían en la mayoría de los casos aspectos del REF incluidos en su reforma de 2018 y que los presupuestos de estos ejercicios no recogían. La posibilidad de la negoci ación política con un aliado del Gobierno central en el Congreso para aprobar enmiendas relacionadas con las partidas canarias, como era el caso de Quevedo, no se da ahora tras la marcha del ya ex diputado de NC tras ceder el escaño a la nacionalista María Fernández en julio pasado.
Aunque queda la posibilidad que las previsibles lagunas del presupuesto en relación con las Islas pudieran corregirse mediante enmiendas propias del PSOE, desde la consejería de Hacienda se reconoce que esa vía es poco operativa dado que el Ejecutivo central no suele autorizar enmiendas territoriales del grupo mayoritario para modificar cifras significativas del proyecto.
Esa es precisamente la herramienta con la que cuenta para pactar los apoyos parlamentarios que necesita y que en este caso volverá a utilizarse con los socios políticos de ERC, PNV, Bildu y otras fuerzas minoritarias como Más País, Compromís, PRC y Teruel Existe. De este grupo de formaciones con las que negociar queda precisamente excluida por primera vez en la legislatura NC tras la salida de Quevedo del Congreso, razón por la que el socio principal del PSOE en el Gobierno de Canarias reclama una garantía al Gobierno central de que el proyecto que se remita al Congreso recoge adecuadamente la ficha presupuestaria canaria.
Horizonte de apoyos
A pesar de que Sánchez cree tener bastante margen de negociación con sus socios parlamentarios para aprobar las cuentas de 2023 con un apoyo similar al del año pasado con 180 votos a favor, pese a algunos problemas de índole político y a la polémica sobre el incremento del gasto militar comprometido con la UE y la OTAN (al que se opone incluso el socio menor del Ejecutivo, Unidas Podemos), los socialistas van a intentar ampliar los contactos a otros partidos como Cs, el Pdecat y CC. La formación nacionalista, ahora con dos escaños y con más peso parlamentario si la mayoría de la investidura se resquebrajara, se ha mostrado hasta ahora dispuesta a abrir una negociación a cambio de su apoyo. Pondrá sobre la mesa «el cumplimiento estricto del REF» y la recuperación de convenios como los de obras hidráulicas, infraestructuras educativas, «convenios y partidas que Sánchez ha ido eliminando y que han supuesto que Canarias siga percibiendo menos de la media de manera considerable».
«Estamos en disposición de sentarnos siempre y cuando Canarias se vea beneficiada», insisten en CC. Hasta la fecha, nadie del Gobierno o del PSOE les ha llamado, pero confían en que lo harán en las próximas semanas una vez que se inicie de facto la dinámica negociadora.
