El 4 de noviembre de 2004, dos días después de que Iñaki Urquijo requiriera el concurso necesario, la Unión Deportiva se presentó en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas para solicitar el concurso voluntario. El club, en quiebra técnica, acumulaba una deuda de 72 millones de euros que amenazaba con liquidar 55 años de historia.
En 2004, por aquel movimiento, con una disposición judicial recién aprobada, la UD Las Palmas fue pionera en el deporte español. La siguieron entidades como el Sporting de Gijón, el Málaga CF, el Hércules CF, el Joventut de Badalona y el Estudiantes.
Sin embargo, casi ocho años después, la mayoría de los clubes que se acogieron a la Ley Concursal para paliar sus problemas económicos han cerrado los procesos judiciales, mientras que la UD Las Palmas lo mantiene abierto.
Para entender la situación del club grancanario hay que reparar en la figura de Manuel García Navarro, presidente de la entidad cuando la UD Las Palmas inició el proceso concursal. El empresario, tras reiterar públicamente que condonaría el débito que la Sociedad Anónima Deportiva mantenía con él o con alguna de sus empresas en 2004, varió su discurso con el paso del tiempo.
García Navarro ha exigido, durante los últimos años, el cobro de los 3,4 millones reconocidos como deuda por parte de la UD Las Palmas en el convenio de acreedores que se firmó el 11 de enero de 2006.
A partir de ese problema, con el objetivo de liquidar un contencioso que impide cerrar el proceso concursal, la UD Las Palmas ha realizado varias ofertas a García Navarro.
El pasado 5 de octubre, incluso, el propio Miguel Ángel Ramírez anunció un principio de acuerdo para cerrar el concurso. Dos semanas después, García Navarro descartó un trato que ahora podría concretarse la próxima semana.
