Los controladores aéreos están contra las cuerdas. Prueba de ello es que una parte de este colectivo ya ha solicitado asesoramiento fiscal para buscar vías de ocultación y el desvío de sus bienes y capital con el objetivo de eludir las posibles sanciones derivadas de las demandas de particulares a raíz de la huelga salvaje del pasado viernes. Según ha podido constatar este periódico, hasta dos profesionales destinados en el centro de control de Canarias se ha planteado salidas para declararse insolventes en caso de tener que afrontar al pago que se derivaría de las demandas. De hecho, varios gabinetes jurídicos de Madrid están solicitando ya hasta 10.000 euros para resarcir los daños morales ocasionados por los controladores con su plante del viernes.

Además, los principales empresarios turísticos de Canarias exigieron ayer al Gobierno central que siga muy de cerca los movimientos bancarios y los traspasos de bienes de los controladores aéreos para evitar situaciones de insolvencia a la hora de tener que responder a la avalancha de demandas que se prevé que recaiga sobre este colectivo en los próximos meses. Los agentes económicos consultados por este rotativo alertan sobre posibles ocultamientos de bienes y de capital de los controladores para así poder evitar el pago de las sanciones que, previsiblemente, tendrán que afrontar por el abandono de sus puestos de trabajo durante el pasado viernes.

"Esperamos que los organismos competentes miren con lupa los extractos y los vaivenes de las cuentas de los controladores y así evitar sorpresas desagradables", según reclamó ayer Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT). En el mismo sentido, se manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Ángel Luis Tadeo, quien confió en que "las autoridades se pongan manos a la obra e impidan este tipo de fraude por parte de un colectivo que no puede salirse con la suya". Recuerdan que el alzamiento de bienes es un delito que "también está recogido en el Código Penal" y que se comete cuando una persona debe dinero y hace alguna operación para ocultar bienes y evitar así pagar a sus acreedores.