El Gobierno regional reformará el marco legal que regula el juego en Canarias, para combatir la proliferación de apuestas ilegales y salones clandestinos que ya provocan la pérdida de 50 millones de euros al año en recaudación de impuestos. La consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad confirmó ayer que ha intensificado las inspecciones para localizar y precintar estas salas, y anunció la aprobación de una nueva ley y la reforma de otras tres, previa consulta a los empresarios del sector.
Canarias no había cambiado aún sus normas sobre el juego, pese a que el Estado ya regularizó las apuestas on line a mediados del año pasado, que también suponen una fuerte competencia para bingos o casinos. Otras actividades ni siquiera están contempladas por la ley, y la crisis, además, ha disparado la clandestinidad. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario, Francisco Hernández Spínola, confirmó que, con la actual situación económica, las apuestas ilegales "tienden a aumentar", en la línea de lo que también denuncian los propios empresarios.
Para poner freno a la situación, el Ejecutivo ya prepara un nuevo decreto que ordenará las apuestas externas en el Archipiélago. El borrador se abrirá a las consultas de los principales actores del sector, y luego se aprobará "en el menor plazo posible", según se apuntó desde la Consejería.
Durante este mismo año se producirá la reforma de los reglamentos de Bingo y Máquinas Recreativas y de Azar, con el objetivo de reducir la burocracia a la que se deben ajustar los negocios legales y agilizar los procedimientos relativos a permisos y autorizaciones. Además, el Ejecutivo modificará la Ley de Juegos y Apuestas que se aprobó en 2010, en lo que atañe a la publicidad permitida para estas actividades, cuyas condiciones ya ha flexibilizado el Estado.
La acción del Gobierno se produce después de que los empresarios hayan denunciado el fuerte impacto que están teniendo en su actividad las apuestas ilegales, si bien éstos confirman la "buena voluntad" demostrada desde la administración para consensuar medidas de choque.
De momento, en 2013 la Inspección regional ya ha intensificado sus actuaciones, con la colaboración de la Delegación del Gobierno y las policías locales. El objetivo es el de aumentar la presión sobre las salas clandestinas, en particular, aquellas en las que se organizan timbas de póker o los bingos ilegales.
Desde la patronal nacional de casinos ya se ha advertido del peligro que supone para el consumidor entrar en estos salones, "en donde no se garantizan los pagos". Los empresarios se quejan de la fuerte "competencia desleal" que deben sufrir, del exceso de burocracia y de una excesiva presión fiscal. Los casinos deben pagar en impuestos hasta el 55% de lo que recaudan, y los bingos, hasta el 63%. En el sector se subraya que los salones fuera de la ley no asumen ningún tipo de tributos y que su actividad puede provocar el cierre de otros locales legales.
