El Ayuntamiento de Moya rechaza a través de las enmiendas que ha presentado el Partido Popular (PP) en la oposición en el Cabildo la ‘macroautovía’ de hasta 10 carriles en su franja costera más estrecha con la nueva carretera general (GC-2), que prevé el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15), que involucra a los municipios de Arucas, Moya y Guía, y que ocasionará a su entender un gran impacto visual por incluir paredes de hasta 13 metros de altura, además de la afección ambiental en una zona en la que anidan las pardelas. Ademas, en las alegaciones cuestiona que el documento insular contemple el realojo de 300 viviendas la costa Norte, de los que 88 se localizan en su municipio, y la discriminación por concentrar Guía el equipamiento comercial, de ocio y hotelero, pero que deja sobre su Corporación municipal el coste económico y social de los traslados. Por contra, aboga por catalogar la zona como núcleos «pintorescos», como contempla ya la Ley de Costas, poniendo como ejemplo a imitar la intervención que se hizo en el barrio marinero de San Cristóbal, en las Palmas de Gran Canaria.
En las peticiones de cambios al texto del PTP-15 redactadas por Moya, y que ha podido incorporar en el periodo de debate a través de la oposición en el Cabildo, rechaza la construcción de seis nuevos carriles en la franja más estrecha de la plataforma costera a su paso por Moya, entre el barranco de Azuaje y El Pagador, cuando la premisa era reducir la ocupación de nuevos suelos, especialmente cuando se encuentren en frente litoral o reúna una especial valor paisajístico y agrario. En este caso el desmonte del macizo de Los Blanquizales es una zona de especial protección porque allí anida la pardela cenicienta. Esta es la razón por la que ya en 2011 la dirección general de Ordenación del Territorio ya informó desfavorablemente.
El resultado de la propuesta, de llevarse a cabo «va a provocar que su paisaje agrario se transforme en una plataforma viaria ocupada de 10 carriles, cuatro para cada eje, cuatro para la vía de alta capacidad y dos más para los tramo del barranco de Azuaje y El Pagador, que obligaría a «desmontar parte del risco, que en algunos casos alcanza una altura de 30 metros».
Además, añade, algunas casas tendrán en sus puertas la carretera, y algunas serán expropiadas, «aunque no se dice nada», ya que la distancia límite de la edificación está fijada en 30 metros para este tipo de vías. Incluso, teniendo en cuenta que algunas casas localizadas en El Pagador cuentan con valor etnográfico declarado, «quedando atrapadas en medio de un entramado de carreteras de interés regional».
El texto advierte del impacto que causarán los muros de hasta 13 metros en la nueva GC-2, que «generarían una gran pantalla, en forma de muralla».
Moya defiende que en la actual vía ya se puede circular a 70 kilómetros por hora y que se recorre en menos de dos minutos, y sin semáforos. «El pueblo de Moya pagará un alto coste territorial. A esto se une la pérdida de seguridad, calidad de vida y el atentado ambiental que sufrirá».
Ya lo tumbó el Supremo
El PP, que secunda la postura de Moya, indica que el modelo que tumbó el Tribunal Supremo en 2011 y el actual son muy parecidos, «por no decir idénticos», en cuanto a impacto ambiental, al invadir los acantilados donde anida la parcela cenicienta y en el límite del Parque Rural de Doramas».
En cuanto al realojo alega que «se estaría invadiendo competencias de ámbito municipal» en la ordenación urbanística. En ese caso, con la propuesta de un paseo marítimo entre El Roque, la Barranquera y Casas Quemadas, que implicaría el desalojo de viviendas que ocupan suelo clasificado como urbano en las actuales Normas Subsidiarias.
En conclusión, la alegación primera pide un trazado alejado de la montaña, que respete y contribuya a solventar los muchos problemas ambientales que generaría la ejecución. De lo contrario se llevaría, dice, bancadas de fincas en producción y paisajes dignos de proteger.
En segundo lugar, Moya detalla que se verán afectadas edificaciones que se localizan fuera de los límites de la servidumbre de protección y tránsito. Por tanto, no están afectadas por la Ley de Costas.
En todo el ámbito del PTP-15 se cuantifica el realojo de 300 casas, de las que 88 se ven afectados por el paseo marítimo en Moya. «No es necesario liberar todos los terrenos», ya que pueden catalogarse «de pintorescos», como determina la Ley de Costas. Llevarlo a cabo acarrearía, añade, un alto coste económico y contestación social, «sin saberse quién financiaría la actuación». En cuanto al primero, «es obvio que el Ayuntamiento de Moya no cuenta con recursos para afrontarlo». Y que son primeras residencias, por lo que antes de derribarlas deben contar con una alternativa «menos traumática», que llevaría al desarraigo.
Y se pone como modelo San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria, donde el optó por la integrando de las edificaciones existentes, «sin tener que proceder a su expropiación o derribo».
En ese sentido, pide que se replantee el desalojo de los barrios de La Barranquera y El Altillo, porque la opción de suelo cercano se localizaría en la charca de San Lorenzo y su entorno, que implicaría «la reclasificación y recategorización de suelo rústico de alto valor paisajístico y agrícola». Es decir «sería desvestir a un santo para vestir a otro».
Moya niega que las medidas, como defiende el nuevo plan, contribuyan a crear la actividad económica de la que habla el Plan.
La tercera alegación recrimina que se favorezca a Guía, «en perjuicio de Moya». El Plan Territorial Parcial contempla un equipamiento de ocio con el uso terciario para restaurantes y una pequeña actividad comercial o recreativa y turismo de calidad en El Roque (Moya)-playa de San Felipe (Guía, pero cree que la mayor carga recae en Moya. A su juicio, parece que el «desahogo» es solo para los núcleos urbanos de San Felipe.
La cuarta alegación se basa en el modelo de gestión y ejecución. Insiste en que el redactor «recoge actuaciones que son totalmente perjudiciales para los intereses del municipio de Moya», y «el estrés económico» que tendrá su ayuntamiento para desarrollar las propuestas, en un plazo determinado de ocho años, cuando la Administración local deberá obtener suelos para reubicar los nuevos usos residenciales, antes de proceder a la edificación. Es, dice, una «auténtica quimera irrealizable».
