Carolina Darias insiste que es Obras Públicas quien debe analizar las zonas tensionadas

«El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y su gobierno de progreso lo tienen claro, quien tiene las competencias ha de ejercerlas y quien las tiene en materia de vivienda es el Gobierno de Canarias». Una semana después de haber aprobado en pleno un acuerdo para instar al Ejecutivo autonómico la declaración de zonas tensionadas en la capital grancanaria, la alcaldesa, Carolina Darias, ha vuelto a insistir que es la consejería de Obras Públicas quien debe analizar la situación del mercado inmobiliario en la ciudad.

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Tras haber presentado este jueves Obras Públicas el protocolo para la declaración de zonas tensionadas a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Darias señaló que lo que ellos esperan es «una contestación individualizada y singularizada al Ayuntamiento, por cuanto hemos hecho una petición formal». La alcaldesa matizó que esperarán «a la misma y veremos los siguientes pasos a seguir».

Altos precios del alquiler

Darias resalta que según la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, esta «establece en su artículo 18 quien tiene las competencias», apartado en el que no se especifica que deben ser los ayuntamientos quienes deben o no realizar los informes pertinentes. «No deja de ser una paradoja que quien tiene que aplicar las competencias, como no las hace, los ayuntamientos les instamos a hacerlo y a nosotros nos corresponda la valoración de los informes», matizó.

La alcaldesa señaló que esta es «una cuestión muy importante» y consideró que en la ciudad sí hay zonas susceptibles de ser declaradas como tensionadas por los altos precios del alquiler. El primer teniente de alcaldesa, Pedro Quevedo, indicó por su parte en otra comparecencia, insistió en la misma línea que «es competencia del Gobierno canario». «Estamos dispuestos a colaborar», matizó, al tiempo que esgrimió que el Gobierno habla «de las autonomías de los ayuntamientos cuando no quieren hacer algo». El edil de NC defendió además una moratoria a los permisos de nuevas viviendas vacacionales.

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