Al final eso de que el Gobierno de Canarias preparaba a toda velocidad un recurso de casación frente al Tribunal Supremo para que se reconociera, contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia, que podía mantener el toque de queda, se ha quedado en nada. El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres no tiene ningún interés en abrir algo ni remotamente parecido a un casus belli con la administración de Justicia. Ayer, en una emisora de radio, Román Rodríguez soltó que el gabinete sabía de buena fuente, era muy obvio, que el Supremo rechazaría el recurso, porque estimaba que solo podía establecerse el toque de queda por el Gobierno central y como medida propia del estado de alarma. Claro que si Torres, Rodríguez y compañía sabían que el Tribunal Supremo no toleraría tonterías, ¿por qué quisieron mantener el toque de queda inicialmente?
Todos lamentamos la tocata y fuga de Pedro Sánchez, que se ha limitado a endosar a las comunidades autónomas la gestión de las normas y medidas para evitar la propagación de la pandemia. Pero quizás pueda y deba consignarse que el Gobierno central insistió en que renunciaba a mantener el estado de alarma ni un día más y que las comunidades autonómicas hicieron poco o nada ante esta situación. Algunas, como Canarias, ni siquiera abrieron la boca. Lo cierto es que continúan sin hacer nada después de varios meses de perfecta inactividad. Dos leyes, la ley de Actividades Clasificadas y la Ley de Seguridad Ciudadana, son los principales instrumentos jurídicos para la gestión y contención de los peligros de la pandemia, además de la normativa específicamente sanitaria ampliada en los últimos meses y semanas. La cuestión es metodológica: cómo se van a evitar las aglomeraciones en horas nocturnas que puedan multiplicar contagios y retrasar mucho más allá del verano la salida a la crisis sanitaria en la que todavía estamos instalados. A uno le gustaría pensar que este cambio supondrá una revisión de los esquemas de colaboración hasta ahora vigentes entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, la policía autonómica y las policías locales. Mientras se ha prestado una amplia y continua atención (política, social, mediática) a la labor del personal sanitario, se ha dedicado relativamente poco interés a la labor policial, para lo bueno y para lo malo. En algunos estados (y condados) de los Estados Unidos, para reforzar la labor policial aplicada al control de la pandemia, se ha contratado temporalmente a personal civil con un entrenamiento de seguridad básico. Lo mismo ha ocurrido en Alemania. En vez de repetir una y otra vez que eso es imposible o disparatado, quizás debería evaluarse que los servicios de Protección Civil pudieran asumir durante el próximo trimestre algunas funciones de vigilancia o información en el caso de vulneración flagrante de las normas para la contención del covid en el ámbito de la ley de Seguridad Ciudadana o la ley de Actividades Clasificadas. Por último el Gobierno autonómico o los ayuntamientos podrían incrementar sustancialmente las multas, tanto a los establecimientos comerciales como a los ciudadanos particulares cuyo comportamiento conculque inequívocamente las mencionadas normas.
Como insiste todo el mundo, y es bueno en que insistamos todos, la prioridad absoluta es doble y está relacionada: acelerar la vacunación – inoculando en junio el doble de personas que en mayo como mínimo – y evitar el estropicio de una cuarta ola en Canarias. Es deber de todos (mascarilla, distancia social, lavado de manos) que las islas se mantengan como máximo en nivel dos para bajar paulatinamente hasta que en septiembre –y será más hacia finales que hacia principios de septiembre -- podamos experimentar –todos -- un cauto regreso a la normalidad. Más vacunas. Más unidad. Más insistencia. Más tenacidad. Más campañas. Más responsabilidad. Hasta el final.
