La nueva Ley de Servicios Profesionales que pretende aprobar el Gobierno estatal en el primer trimestre de 2013 ha movilizado a los colegios de arquitectos de España, que verían con ella acabar su actual competencia exclusiva para diseñar y visar proyectos de edificios y tener que compartir esa facultad con sus colegas ingenieros.
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España advirtió ayer, tras una reunión extraordinaria del pleno de sus consejeros de todo el país, que el proyecto legislativo que impulsa el Ministerio de Economía y Competitividad de Luis de Guindos, ahora aún en fase de borrador, "podría poner en peligro el trabajo del sector productivo ligado a la arquitectura".
"Es como ir al veterinario para que le operen a uno del corazón. Este profesional puede hacerlo, pero el verdaderamente formado y capacitado es el médico y cirujano", explicaban ayer fuentes de la Demarcación de Gran Canaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC) para ejemplificar el verdadero alcance del nuevo marco normativo que ultima el Gobierno estatal, con el propósito de fomentar la competencia y eliminar lo que considera "barreras injustificadas a profesiones altamente reguladas".
Una de las consecuencias directas de la ley, que afectará a la mayor parte de los colectivos profesionales, tiene que ver con la hasta ahora obligatoriedad de estar colegiado para poder ejercer.
Esa condición decaería en voluntaria en muchas profesiones, incluida la que ejercen los propios arquitectos, y quedaría restringida a sólo unas cuantas de las titulaciones liberales, las más claras la de la medicina y la abogacía.
Vuelta atrás
Para los arquitectos, de aprobarse la norma tal y como está ahora diseñada, habría una clara regresión
respecto a la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) de 1999.
Esa normativa reparte cometidos y funciones entre cada uno de los agentes que intervienen en el proceso global de una edificación: desde su diseño hasta su ejecución.
De tal forma que "un inadecuado cambio de este marco regulador significaría una quiebra del sistema público de garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos, contraria a lo ordenado por el Parlamento Europeo", aseguró ayer el órgano que agrupa en España a los colegios oficiales de arquitectos.
Así que, de aprobarse tal y como está prevista la Ley de Servicios Profesionales, unos 50.000 arquitectos y otros 150.000 ingenieros del país competirían en el futuro por los proyectos de las nuevas edificaciones de cualquier uso que ahora únicamente tienen la facultad legal de proyectar los primeros.
Salvo dos excepciones: los planeamientos de muelles y puertos, reservados a los ingenieros de caminos; y la construcción de naves, de competencia de sus homónimos de industriales.
La propuesta normativa "es una mala digestión de las directivas europeas" y su adaptación al es-pacio legislativo español, señalan las fuentes del COAC consulta-das ayer.
Una equiparación compleja si se tiene en cuenta que, de partida, la formación de los profesionales de la arquitectura es distintiva en España respecto de los países de la Unión Europea. "En Europa la carrera es de tres años para lo que se denomina un ingeniero civil. Aquí se tarda una media de 12 a 13 años en titularse y la formación se extiende desde el diseño desde un punto de visto armónico y artístico, hasta el cálculo de estructuras".
Desde el otro ángulo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España ha recordado, en medio de la polémica, su rechazo a la LEO que se aprobó en 1999. Las funciones "exclusivas" que esta ley adjudicó a los arquitectos la hacen "inapropiada".
Por contra, entiende que la nueva normativa "favorecerá el consumo y la inversión al ser impulsadas por la mejora de la competencia".
