Uno de cada 25 isleños con derecho al cheque de 200 euros ya lo ha pedido

Un total de 4.747 canarios con derecho a solicitar el cheque antiinflación de 200 euros ya lo ha tramitado. Son un 4,3% –uno de cada 25– del total de los alrededor de 110.000 isleños que cumplen con los requisitos establecidos por el Consejo de Ministros celebrado el último sábado de junio para establecer medidas extraordinarias que ayuden a la ciudadanía a soportar el aumento de los precios.

Los últimos datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) corresponden a las 16.00 horas del viernes, por lo que la cifra pueden haber aumentado a lo largo del lunes. El plazo para solicitar la ayuda permanece abierto hasta el 30 de septiembre y la AEAT tiene hasta final de año (30 de diciembre) para realizar el pago.

Sin embargo, la naturaleza de la subvención implica su llegada a los beneficiarios de manera urgente. Es ahora cuando la gasolina está por las nubes o llenar el carro de la compra se ha encarecido en un año como no lo hacía desde la década de los ochenta. Es ahora, por tanto, cuando más beneficio causa a los ciudadanos la llegada de algún ingreso extraordinario.

«Estamos trabajando para agilizar al máximo la tramitación de la ayuda, lo que requiere contar con cierta información previa de contraste que ya hemos solicitado a otros organismos», señalaron desde la AEAT. El objetivo es «empezar a pagar los antes posible» y ese momento lo marca el instante en el que no existan ya dudas en torno a la información recibida.

Por eso se optó por un formulario sencillo colgado en la sede electrónica de la Agencia (https://sede.agenciatributaria.gob.es) en el que los solicitantes solo tienen que aportar sus datos identificativos, los de las personas con las que conviven, un número de teléfono y la cuenta bancaria en la que recibir el pago.

47,7 millones de euros

El decreto alumbrado por el Gobierno de Pedro Sánchez contiene en torno a 47,7 millones de euros a repartir entre 198.000 canarios, los que peor lo están pasando con la rápida escalada de los precios. Los 41.958 ciudadanos que cobran pensiones no contributivas disfrutarán de una subida de un 15% entre ese mes y el 31 de diciembre. Este incremento les excluye del grupo que puede aspirar al cheque de 200 euros.

A ellos se suman los 46.440 residentes en el Archipiélago que perciben el ingreso mínimo vital (IMV). También crece un 15% para dejar en 444,4 euros los 386,38 euros de media, la menor cuantía del país junto a las de Extremadura y Castilla-La Mancha, que cobran en la actualidad.

De los casi 48 millones de euros que el decreto dejará en el Archipiélago, alrededor de 22 son los que se corresponden con la ayuda directa de 200 euros a las familias. Los 110.000 ciudadanos que podrán optar a ella son los hogares que ingresaron en 2021 menos de 14.000 euros y cuyo patrimonio –sin contar la vivienda habitual– es inferior a los 43.196,4 euros.

Hasta la tarde del viernes, en toda España se habían cumplimentado 60.790 solicitudes. Es decir, el 7,8% de esos formularios se rellenaron en el Archipiélago, los mencionados 4.747. Siempre teniendo en cuenta que no se computan los números que aportan las conocidas como comunidades autónomas de Régimen Foral: País Vasco y Navarra.

La intención de la AEAT es que la mayor parte de los aspirantes cubran el trámite de la solicitud a través de Internet. Eso pasa por darse de alta en el sistema Clave, para lo que solo se necesita el DNI y un número de teléfono. El proceso puede completarse por Internet o a través de videollamada.

Más información

«Toda la información necesaria en relación con este trámite, así como la propia vinculada a la ayuda de los 200 euros, se recogerá en folletos y vídeos explicativos que se irán publicando en la web de la Agencia. Además, ya está disponible en ese mismo espacio un bloque específico de preguntas frecuentes, y todo ello se complementará con carteles informativos en las zonas de atención al público de las oficinas en todo el territorio», explican desde la AEAT.

La escalada de precios, iniciada hace poco más de un año por los energéticos, se vio pronto agravada por la de las materias primas, escasas tras la pandemia en comparación con la reactivada demanda, y el transporte, que tampoco fue capaz de recuperar la velocidad de crucero tras la inactividad a la que lo condenaron las restricciones sanitarias.

El IPC adelantado del mes de junio señaló que en los últimos doce meses España soporta un incremento de precios del 10,2%, la más alta de los últimos 37 años. Lo peor es que la inflación subyacente, la que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos va ya por el 5,5%, cifra desconocida desde el convulso 1993 en el que tocó empezar a pagar la factura de los fastos del 92. Al inicio de este mes, el galope incesante del coste de la vida había acabado ya con 2.300 millones de euros propiedad de los canarios en forma de salarios y ahorros.

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