Entrevista | Esteban Beltrán Director de Amnistía Internacional en España

Esteban Beltrán: «La discusión sobre el reparto de los menores migrantes es impúdica»

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, visitó esta semana Canarias para abordar principalmente la situación de estos menores

Se reunió entre otros con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. / Efe

Daniel Millet

¿Cuáles son los principales problemas que ha trasladado al Gobierno de Canarias sobre la situación de los menores migrantes?

Los menores que llegan a las costas Canarias no están recibiendo la asistencia adecuada. Lo constatamos en una visita que realizamos en septiembre a las Islas. No se les facilita información sobre sus derechos, incluido el de asilo, los propios menores denuncian que les sustraen sus pertenencias y faltan infraestructuras donde se les atienda. Además, si bien ha mejorado en los últimos meses la asistencia letrada, esta no es real cuando no existen intérpretes ni abogados suficientes. Pero en lo que más hemos insistido durante las reuniones con las autoridades canarias es en el hecho de que hemos encontrado a muchos menores en centros para adultos. Esto viola las normas internacionales y debe solucionarse de inmediato.

¿Por qué hay tantos menores en los centros para adultos?

El Gobierno de Canarias nos ha trasladado que tiene que ver con los retrasos en el sistema de determinación de la edad. Nos han comentado que han adquirido unas máquinas para agilizar este proceso. Pero seguimos detectando a muchos menores en centros para adultos. También puede estar relacionado con la falta de infraestructuras. Es lo que ocurre por ejemplo en El Hierro, donde acaban de habilitar una instalación provisional que es insuficiente. 

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno canario?

El Gobierno de Canarias ha mostrado una actitud colaborativa. Es consciente de las deficiencias y las achaca a la falta de respuesta y apoyo del Gobierno nacional. Se ha comprometido, sin embargo, a seguir los protocolos internacionales, a mejorar los medios para la atención y la determinación de la edad y a defender los derechos de los menores.

El Gobierno de Canarias reclama al Ejecutivo central que derive menores a otras comunidades por un principio básico de solidaridad y porque carece de medios para atenderlos a todos. Son más de 4.000. ¿Qué opina Amnistía Internacional?

Me parece impúdica la discusión sobre el reparto de menores migrantes entre las comunidades y sobre cuánto dinero debe recibir cada comunidad para atenderlos. Para nosotros lo primordial es que se garantice el derecho de estos menores. ¿No puede España atender a 4.000 menores? Estos menores no son números; son personas con necesidades muy especiales que están protegidas por el derecho internacional y por los principios más básicos. No es una cuestión de que 30 vayan a un lado y 50 a otro. Todos tenemos la responsabilidad de velar por sus derechos. 

¿Qué está ocurriendo en países como Senegal para que haya familias que permitan que menores emprendan una travesía tan arriesgada en la que se juegan la vida?

En Senegal, que es de donde proceden muchos de los migrantes que están llegando a Canarias, hay dos factores: una creciente violación de los derechos humanos –recuerde que el líder de la oposición está encarcelado– y una grave crisis en uno de los principales sectores económicos del país, la pesca. Países como España han contribuido a esquilmar los recursos pesqueros de Senegal, una actividad de la que viven muchísimas familias. La gente huye en busca de una vida mejor porque no encuentra la menor seguridad en su país ni oportunidades de prosperar económicamente. 

La Unión Europea ha pedido a sus países miembros, incluida España, que endurezca las penas para los integrantes de las mafias que organizan las travesías clandestinas de migrantes, sobre todo en los casos en los que haya fallecidos. ¿Servirá para algo?

Claro que hay mafias, como las ha habido siempre, pero no es el elemento esencial que lleva a estas personas a migrar jugándose la vida. ¿Cómo se resolvería esta tragedia? Con una migración ordenada. Los países europeos, entre ellos España, necesitan trabajadores. Canarias también los necesita. La solución sería que pudieran venir a España de forma regulada. Así se evitaría que cayeran en manos de esas mafias. El aumento de las penas a quienes organizan estas travesías no va a resolver los graves problemas que hacen que estas personas emigren.

En otros episodios de migraciones masivas a Canarias se habló de millonarias ayudas europeas a África. Esas ayudas no llegaron, mientras en Europa crece el apoyo a los partidos xenófobos y racistas, que centran sus proclamas en el rechazo al migrante. ¿Cómo ve el panorama?

La gestión europea de las migraciones es ilegal, inmoral, estúpida y racista. Se impone la política del cuanto más lejos, mejor. Ahí están los ejemplos de países como Hungría, Polonia, Italia o recientemente Países Bajos, donde impera la demonización del migrante y las actitudes xenófobas y racistas. Contrasta la movilización que se organizó para atender a varios millones de desplazados ucranianos por la invasión de Rusia y el rechazo ahora a atender a miles de africanos que huyen de Senegal, de Sudán, de Mali... Esto también ha provocado un serio retroceso en los derechos de los refugiados. Hay incluso gobiernos que se están negando a organizar rescates de personas en serio peligro en alta mar, cuando es una obligación. Mientras estas políticas son cada vez más restrictivas, la realidad es que estamos en la época con mayor número de refugiados de la historia, más de 70 millones de personas en el mundo. Ni siquiera hubo tantos refugiados durante la Segunda Guerra Mundial.

La Fiscalía de Canarias ha mostrado su preocupación por la sospecha de que niños y niñas migrantes puedan ser forzados a montarse en un cayuco y viajar a las Islas para ser explotados sexualmente. ¿Amnistía Internacional también comparte estas sospechas?

El papel de una fiscalía es investigar, no advertir de un peligro indeterminado. Si algún fiscal tiene evidencias de que se puede estar forzando a menores a emigrar para explotarlos sexualmente, su obligación es abrir un procedimiento e investigar para proteger a los menores o a la persona que sea. Para eso están los fiscales, no para lanzar sospechas. Cuidado con estos mensajes genéricos e indeterminados porque pueden generar muchos problemas.