La comisaria Johansson se asoma a la ruta canaria aún sin pacto en la UE

Canarias recibe hoy la visita de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, para conocer la situación migratoria de las Islas. Este viaje se produce después de que el número de llegadas de migrantes haya batido récords. En lo que va de año, más de 36.800 personas han arribado a través de la ruta canaria, 1.400 de ellas en las dos primeras semanas de este mes. A pesar de las reiteradas peticiones del Gobierno de Canarias a la Unión Europea para no afrontar la crisis en solitario y de la insistencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez para lograr la luz verde de los Veintisiete al Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea, el acuerdo sigue en el aire. Mientras tanto, el Gobierno español va parcheando la situación para responder a la emergencia humanitaria con medidas como la ampliación de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en los que prevé acondicionar 1.980 nuevas plazas; o las derivaciones a la Península, que han desatado un cruce de reproches y acusaciones entre las administraciones de los territorios en los que se reubica a los de migrantes que llegan a las costas canarias.

Johansson, quien ya visitó las Islas en 2020, cuando miles de migrantes permanecían hacinados en el muelle de Arguineguín, viene en respuesta a una invitación del presidente canario, Fernando Clavijo. En esta ocasión estará acompañada por los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska; Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz; y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien vivió como presidente de la comunidad autónoma el inicio de la crisis migratoria. Desde el Ejecutivo canario se lleva meses recalcando la necesidad de contar con la solidaridad europea para afrontar la llegada irregular de migrantes y ha solicitado que se preste a la ruta canaria la misma atención que al tránsito de migrantes por el Mediterráneo. También se ha hecho hincapié en que es imprescindible activar medidas de ayuda y control, tal y como se ha anunciado que se hará en la isla italiana de Lampedusa. De la delegación también forma parte una representante del Gobierno de Bélgica, que sucede a España en la Presidencia de la UE.

El tono de urgencia es el mismo entre los negociadores del Consejo de la Unión Europea -el órgano que representa a los gobiernos- y del Parlamento Europeo que afrontan el lunes una nueva negociación clave para tratar de cerrar un acuerdo político sobre el conjunto de reglamentos que conforman el nuevo pacto de asilo e inmigración, uno de los paquetes legislativos más divisivos y complicados de los últimos años. Aunque el pacto quedó desbloqueado el 4 de octubre, el pasado jueves los representantes de las instituciones europeas terminaron una maratoniana jornada de negociación con avances pero sin un acuerdo global y se dieron cita de nuevo para una nueva ronda de encuentros a tres bandas con la que resolver los últimos flecos pendientes.

Tras casi ocho años debatiendo sobre un nuevo marco jurídico europeo que responda mejor a los retos de la inmigración y el asilo, la presidencia española asumió como prioridad en julio la aprobación de este pacto antes de que finalizara su semestre. «No encontrar una solución no sería bueno ni para los refugiados ni para los Estados miembros. Necesitamos encontrar un compromiso», apuntan fuentes de la negociación. «Fracasar sería un golpe para el conjunto de la UE», avisa otro alto cargo. Una palabra, «fracaso», que Grande-Marlaska desterraba de su vocabulario en Bruselas. Aseguraba que el acuerdo está cerca, quedan «flecos» por cerrar y las «diferencias» son pequeñas, aunque quedan elementos más «sensibles».

¿Qué busca el pacto? Poner orden en la gestión migratoria y evitar que se repitan crisis de refugiados como la vivida en 2015 y los continuos tiras y aflojas entre los Estados miembros en el reparto de refugiados por medio de un marco jurídico que establece un procedimiento desde que llega el inmigrante a Europa hasta que las autoridades toman una decisión sobre la concesión de la protección o la expulsión. Para los países del sur lo importante es que los procedimientos sean eficaces y no sobrecarguen a las autoridades nacionales, para los del norte que haya un control más exhaustivo en las llegadas y se limite el riesgo de que cualquiera pueda entrar y moverse libremente por Europa. 

Mientras, política migratoria y discurso de extrema derecha van cada vez más de la mano en Europa. En los últimos meses, varios gobiernos del Viejo Continente han aprobado o están tramitando nuevas leyes más restrictivas para los migrantes y solicitantes de asilo que replican los postulados de la ultraderecha, incluso en países donde los partidos de este espectro político no gobiernan, y que apuntalan el modelo de la Europa fortaleza. Unas leyes, no obstante, que no evitan que las personas que quieren buscar un futuro mejor lo sigan intentando y que, según algunos estudios, tienen como resultado la normalización y legitimación de los postulados de la ultraderecha y, en consecuencia, el engrosamiento de su base electoral.

Capítulo aparte merece España, pues las medidas restrictivas son anteriores a la eclosión de la extrema derecha. Blanca Garcés, investigadora del Cidob, considera que España ha sido un «laboratorio» de las políticas migratorias europeas desde finales de los 80. Y prueba de ello son la valla de Melilla o el Plan África de 2006, un ensayo de externalización de fronteras para «ordenar los flujos migratorios» del África Subsahariana. La tendencia a replicar la agenda migratoria ultra se acentuó con la crisis de los refugiados de 2015. «La extrema derecha ha ganado la batalla por el relato. Nos ha hecho creer que es una situación inmanejable. Se presenta la inmigración como una amenaza a nuestros valores, economía y cultura; algo que debe ser erradicado a cualquier precio», sostiene Claudio Francavilla, abogado especializado en UE de Human Rights Watch.