Todos los políticos y auditores relacionados con la gestión del covid pasarán por el Parlamento

Tres meses después de registrarse su creación en el Parlamento, la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios suscritos durante la pandemia quedó constituida este lunes. Una comisión que llamará a comparecer no solo a todos los miembros del comité de gestión que el Gobierno del pacto de las flores creó para gestionar la crisis, sino a los miembros de la Audiencia de Cuentas que, en su momento, no debatieron un informe del auditor Fernando Figuereo sobre el caso mascarillas.

Así lo ha asegurado el diputado nacionalista José Alberto Díaz Estébanez tras quedar constituida la comisión: "creo que es lógico y sensato pensar que los miembros de ese comité de gestión, los responsables de la Consejería de Sanidad, tanto antes como durante y después de que se firmaran los contratos, así como los miembros de la Audiencia de Cuentas que dieron o no conformidad a un informe previo, y toda aquella persona de las empresas que tuvieron relación con estas contrataciones que ahora están en duda son susceptibles de ser llamados".

Estas palabras vaticinan que por el Parlamento desfilarán desde el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hasta el responsable del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, pasando por el exvicepresidente Román Rodríguez y los exconsejeros Julio Pérez (actual miembro del Consejo Consultivo), el vigente portavoz parlamentario socialista Sebastián Franquis, el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, y el propio Figuereo.

El polémico "borrador de informe"

Figuereo detectó en mayo de 2022 que el Gobierno de Torres contrató con dos empresas que "carecían de capacidad de obrar con la Administración". Una de ellas era Soluciones de Gestión SL, implicada en el caso Koldo. Sin embargo, ese "borrador de informe", tal y como lo calificaron los socios del pacto de las flores fue rechazado por el pleno de la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas archivó las investigaciones el pasado mes de diciembre al no detectar irregularidades.

Ahora, los distintos grupos parlamentarios tienen hasta el próximo lunes, 27 de mayo, para presentar el listado de las personas que consideran necesario que comparezcan en una comisión que, en principio, se prolongará por espacio de seis meses, aunque con la posibilidad de prorrogarla otros cuatro meses más, hasta finales de marzo de 2025.

Los trabajos de la comisión tienen una duración prevista de seis meses, prorrogables cuatro meses más

Eso sí, la intención primigenia es "buscar la verdad" sin caer "en el fango político de la crispación" dialéctica que se vive en sus homólogas creadas en el Congreso y el Senado. Y para demostrar esa ecuanimidad los grupos mayoritarios, incluido el PSOE, aceptaron que esté presidida por Raúl Acosta (AHI), que no forma parte de los impulsores de la misma (CC, PP y Vox) ni de los grupos que apoyaron al investigado Gobierno de Torres (PSOE, NC y ASG). Además, los socialistas vicepresidirán la comisión (Gustavo Santana) y la Secretaría recae en Luz Reverón (PP), que fue la que en febrero bautizó esta comisión como la que investigaría el caso Torres.

Esta pretendida neutralidad de la composición de la mesa no fue respaldada ni por NC-Bc (Esther González votó en blanco por haber quedado su grupo fuera de cualquier negociación) ni por Vox (Paula Jover se votó a sí misma como protesta porque el grupo más minoritario de la Cámara obtuviera una Presidencia contraviniendo el artículo 44 del Reglamento).

"Medidas correctoras"

"Tenemos que buscar lo que pasó en unas circunstancias difíciles y, al margen de las investigaciones judiciales, si se tomaron decisiones perjudiciales, adoptar medidas correctoras para que no se vuelvan a cometer", afirmó Acosta tras ser elegido.

Cuatro son, hasta el momento, los casos de presuntas irregularidades en las compras de material sanitario durante la pandemia que afectan a Canarias y que serán investigados por el Parlamento: mascarillas (un millón de tapabocas por un importe de cuatro millones a la empresa RR7 sin que se hiciera entrega del suministro más otros tres contratos, por valor de 13,7 millones de euros, que no tienen autorización del Consejo de Gobierno), Koldo (dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, vinculada al exasesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, por 6,8 millones) y, a la sombra de este, Damco (Damco Trading Services y Tanoja Services fueron adjudicatarias para suministrar mascarillas y test por 15,8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021) y Sanytary (1,3 millones a una empresa que no existía cuando se emitió la factura por mascarillas y batas).

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