Canarias pide agua por señas al Estado por la situación "extremadamente crítica" en la falta de fondos para atender a menores migrantes

Canarias pide al Estado agua por señas. Está en una "situación extremadamente crítica" como consecuencia del agotamiento de los fondos dedicados a los centros de acogida de menores migrantes no acompañados. Ya tienen 12 millones de déficit y si la situación sigue así, con los mismos menores -una previsión a la baja porque esperan que repunte la llegada en verano- el déficit sería de 96 millones este año, afirmó este lunes después del Consejo de Gobierno la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado.

En estos momentos, la previsión de gasto para atender durante todo el año a los 5.524 menores que tutela el Gobierno canario asciende a 156 millones de euros. De esa cantidad, la previsión es que el Ejecutivo central aporte 72 millones, fondos "que aún no han llegado", precisó. "Y aun así existiría un déficit de financiación de 84 millones de euros”, insistió Delgado, quien puntualizó que en estas previsiones de gasto no están incluidas las aportaciones que hacen otras consejerías, como Sanidad y Educación.

“Nos hallamos en una situación extremadamente crítica y preocupante. Estamos haciendo todo lo posible y más para garantizar la atención de estos menores que han llegado a Canarias arriesgando sus vidas y que no cuentan con apoyos familiares. Pero nos encontramos en una situación límite”, remarcó.

Expuso que el Estado le ha confirmado que va a poner recursos, y mira hacia el Consejo de Ministros de mañana martes, pero la solución está en que de una vez se apruebe la ley para el reparto de menores migrantes entre comunidades que sigue demorándose.

Llegada de pateras

La consejera de Bienestar Social afirmó que la previsión de llegada de embarcaciones incrementará la cifra de niños, niñas y adolescentes que necesitarán protección. A ello hay que sumar que las entidades con las que trabajan están teniendo problemas para contratar a personal cualificado y para encontrar recursos alojativos adecuados disponibles. "Le hemos pedido el fuerte en la isla de La Palma y el Ministerio de Defensa nos lo ha negado, con lo cual también hay que hacer presión al Estado para lograr esos recursos que actualmente se podrían usar, o por ejemplo los recursos que se utilizaron cuando la emergencia del volcán de La Palma, que son viables, pero tampoco", expuso Delgado.

La consejera explicó que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la atención a estos menores, “no solo porque las competencias en materia de infancia no fueron diseñadas para una situación de este tipo, sino porque ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración de estos menores sin ayuda real del Estado”.

El presupuesto de la Dirección general de Protección a la Infancia y las Familias para 2024 es de 153 millones de euros, para todos los menores, incluidos nacionales bajo tutela -1.800- y la previsión de gasto para atender a menores extranjeros es de 156 millones de euros.

“Por eso, la protección de estos menores debe ser un asunto de Estado”, aseveró la consejera, que recordó que en el archipiélago hay 80 centros abiertos, más del doble que cuando empezó la legislatura.

Acuerdo con el Estado

“Es urgente que alcancemos el acuerdo con el Estado para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Confiamos en que así sea, pero con independencia de ese acuerdo y de su materialización, que no será inmediata, necesitamos recursos económicos ya para poder atender en condiciones a estos menores”, sentenció Delgado. La consejera recordó que solo 16 de los 339 menores migrantes cuyo traslado fue acordado en la Conferencia Sectorial celebrada en octubre del año pasado han sido derivados a la Península.

“Estos niños y niñas son nuestra responsabilidad. No podemos dejarlos solos. No puede Canarias, no puede España y no puede Europa. Pero necesitamos ayuda y la necesitamos ya, ahora”, reclamó la consejera de Bienestar Social.

En cuanto la carencia de personal especializado, señaló que no todo el mundo tiene la debida formación para atender a personas menores, y también le han pedido ayuda al Estado porque el personal de la Dirección General del Menor está destinado a menores nacionales, que son 1.800.

"Evidentemente no podemos sobredimensionar una plantilla con unos menores que en un determinado momento van a salir. Si le hemos pedido al Estado, incluso, que nos diera personal funcionario o de otras comunidades autónomas para poder hacer frente a esta realidad, pero aunque se nos dijo que iban a estudiar este tema, tampoco nos han dado una respuesta", sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo