Koldo García y el empresario Agustín Manrique de Lara inaugurarán el 1 de julio la comisión que investiga las compras sanitarias opacas

Será el 1 de julio, a mediodía, cuando el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria y de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) durante la pandemia, Agustín Manrique de Lara, inaugure el desfile de comparecencias ante la comisión que investiga las posibles compras irregulares de material sanitario durante la pandemia por parte de la Comunidad Autónoma. Tras él, a las 13:30 horas, los focos los acaparará Koldo García, el que fuera hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos y que es investigado como integrante de la trama nacional de mordidas derivadas de la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, S.L. Esa es la propuesta de plan de trabajo que este miércoles elaboraron Raúl Acosta (AHI), Gustavo Santana (PSOE) y Luz Reverón (PP) y que el viernes, 7 de junio, deberá ser ratificada o modificada, en debate a puerta cerrada, por la totalidad de los integrantes de la comisión de investigación.

Manrique de Lara fue requerido por el PSOE "al objeto de explicar las gestiones para adquirir material sanitario durante la pandemia" mientras que la presencia del exasesor del ministro Ábalos, que da nombre a todo la trama que se investiga en el territorio nacional, fue solicitada por los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) y Vox.

Tras ellos, el 4 de julio se quiere llamar a Carlos Sánchez, máximo representante de la empresa ASJ SAU, "que fue el principal proveedor de material sanitario al SCS durante la etapa de emergencia", y el 8 de julio lo hará Óscar Trujillo, de la empresa OneAirways, "que fue el bróker aéreo que utilizó el Gobierno de Canarias para resolver los problemas de transporte que tuvieron algunas empresas para trasladar material sanitario" al Archipiélago. 

El dueño de la empresa RR7 del ‘caso Mascarillas’ tendrá que rendir cuentas el 18 de julio

Habrá que esperar hasta el 8 de julio para que dos miembros del polémico Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria se presenten ante el Parlamento para rendir cuentas. Serán Lluis Serra, rector de la Ulpgc y catedrático de Medicina Preventiva, y Beatriz González, experta en Economía de la Salud de la universidad grancanaria.

RR7 United, la empresa que en Canarias originó el caso Mascarillas, no tendrá protagonismo hasta el 18 de julio. Su administrador único, Rayco Rubén González, será llamado por los grupos gubernamentales y Vox debido a que la Fiscalía Anticorrupción concluyó que "había creado un entramado societario para el blanqueo de capitales tras el cobro de cuatro millones de euros al SCS por un millón de mascarillas que jamás se entregaron". Previamente, el 15 de julio, habrá sido llamado Ihsan Mahmhoud Mohammed, un empresario asentado en Londres, representante de la empresa Yihal Import and Export, "a la que RR7 compró las mascarillas que fueron destruidas por Aduanas", y Kevin Sánchez, administrador único de Yimbo 7 Inversiones, empresa "a la que se traspasó supuestamente en concepto de préstamos más de 800.000 euros procedentes de la compra de mascarillas realizada a RR7".

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Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, mercantil vinculada directamente al caso Koldo, tendrá su cuota el 12 de julio. Ese día está previsto que comparezcan su apoderado, Íñigo Rotaetxe, y su administrador, José Ángel Escorial.

En total, 14 personas serán llamadas hasta el 25 de julio. A partir del mes de septiembre será cuando las investigaciones entren de lleno en el núcleo duro del bloque político: el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el exvicepresidente Román Rodríguez y los exconsejeros Julio Pérez , Blas Trujillo, Teresa Cruz, Sebastián Franquis, Noemí Santana, Yaiza castilla y Manuela Armas. Además, se prevé llamar a todos los dirigentes del Servicio Canario de Salud (SCS), al presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco y a todos los auditores que participaron en el informe de fiscalización sobre la contratación pública de material sanitario que elaboró Fernando Figuereo y que fue rechazado por el organismo auditor. Sobre este informe, los grupos que sustentan al Ejecutivo han pedido además el "expediente íntegro, incluida las actas de las sesiones del pleno de la Audiencia de Cuentas donde se trató". 

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Según explicó el presidente de la comisión de investigación, el borrador del plan de trabajo se elaboró basándose en "priorizar a personas, entidades y empresas que sean de fácil notificación con el fin de asegurar su presencia".

"En esta primera tanda hemos puesto a varias empresas y personas de las que sabemos que tenemos un domicilio fehaciente gracias al registro mercantil al que tenemos acceso, así como un domicilio, por lo que tenemos ciertas garantías de que pueden acudir", indicó Acosta.

Con todo, se buscará a todos los posibles comparecientes a través de todos los mecanismos de notificación posibles: sede electrónica, burofax o incluso la Policía Canaria y los propios ujieres del Parlamento de Canarias.

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