La temporalidad en el sector público isleño triplica la del ámbito privado

La tasa de temporalidad en el sector público de las Islas casi triplica a la del sector privado, debido al elevado número de trabajadores interinos y eventuales que desarrollan su labor en las administraciones isleñas. En Canarias alrededor del 42% de los empleados públicos tienen un puesto de trabajo inestable en sus diferentes modalidades, si bien hay ámbitos de la Administración donde esa tasa es más alta como es el caso de Sanidad, que supera el 50%. Estas cifras contrastan con el sector privado, cuyas tasas de temporalidad han ido reduciéndose hasta llegar en el caso del Archipiélago al 17,8% según el último dato de la Encuesta de Población Activa (EPA), ligeramente por encima de la media nacional, que es del 15,7%.

El principal beneficiado de los cambios realizados en la reforma laboral la pasada legislatura ha sido el sector privado, cuya tasa de temporalidad en el empleo ha caído de forma ostensible en los últimos años frente al sector público. De hecho, lo más destacado del mercado laboral desde 2022 hasta ahora ha sido el incremento de los contratos indefinidos en las empresas y el fomento de los fijos discontinuos, de tal forma que en dos años la tasa de temporalidad ha pasado del 26% al 12% según el último paro registrado en mayo. Por contra el sector público se sigue moviendo a nivel nacional en porcentajes superiores al 30% de interinidad, aunque Canarias es una de las comunidades autónomas que siempre ha estado por encima de la media.

Precariedad sanitaria

La precariedad se deja sentir especialmente en el sector sanitario: en 10 comunidades la temporalidad afectaba a más del 50% de los trabajadores de los hospitales y centros de salud, entre ellas Canarias, según los datos del Ministerio de Función Pública. De hecho, las últimas cifras oficiales indicaban que, de media en toda España, el 53% del personal sanitario al servicio de las comunidades y el 38% de los docentes no universitarios tenían contratos temporales o interinidades.

Los últimos datos oficiales recogidos por el Boletín Estadístico de Personal de las Administraciones Públicas corresponden a julio de 2023 y en el mismo Canarias se sitúa como la comunidad con más temporalidad, alcanzando el 59% debido al peso de Sanidad y Educación en el cómputo global, la elevada eventualidad en las empresas públicas y organismos autónomos y la contratación que el Gobierno se ha visto obligado a realizar de personal para la gestión de los fondos europeos Next Generation.

El Ejecutivo regional trabaja a marchas forzadas para reducir todo lo posible esta tasa de interinidad a final de año, a través de los procesos de estabilización que figuran en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. Sin embargo cada vez se extiende más la evidencia de que el objetivo de reducir la tasa al 8% el 31 de diciembre es prácticamente imposible. Ni el Gobierno central ni el autonómico lo reconocen pero las dificultades que se están encontrando para encauzar los procesos de estabilización complican el cumplimiento del horizonte temporal marcado por la ley. La preocupación aumenta por el hecho de que bajar la tasa de temporalidad al 8% es un compromiso adquirido con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia para recibir los fondos comunitarios.

Los sindicatos y colectivos que representan a los interinos y temporales estiman que la tasa podría situarse cuando acabe la estabilización en torno al 15%, es decir, se situaría al mismo nivel que el sector privado, pero no se llegaría a ese objetivo del 8%. Otros sectores son más pesimistas y advierten que estaría sobre el 20%. Seguirían siendo cifras altas que tendrían que justificarse bien ante Bruselas.

Nuevas medidas

En los ámbitos de la Administración ya se plantean nuevas medidas como ampliar algunos procesos en 2025 para terminarlos durante el próximo año y modificaciones legales a la luz de las sentencias emitidas este año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si finalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo permite que los empleados públicos en abuso de temporalidad pasen a convertirse en indefinidos por concurso de méritos y no por procesos selectivos.

Tanto el Gobierno central como las comunidades están pendientes de lo que decida finalmente la Justicia española tras los correctivos recibidos desde Bruselas, que enmienda la plana a España por incumplir la Directiva comunitaria del trabajo de duración determinada, que afecta tanto al sector privado como al empleo público.

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