Un frente unido. El ministro de Política Territorial,Ángel Víctor Torres, acompañará al líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a la reunión prevista para este martes con los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso con el objetivo de desbloquear las negociaciones para derivar menores migrantes a otras comunidades autónomas. Presidente y expresidente explicarán juntos a los representantes de los partidos en la Cámara Baja la importancia de aprobar cuanto antes la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que permitirá repartir a los jóvenes y acabar con el colapso que sufren los centro de atención de las Islas. El pasado viernes fue el propio Torres quien trasladó a los grupos su intención de participar en el encuentro.
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El ministro asegura que existe un compromiso por parte del Gobierno central de que el texto «no quede en el limbo» y acabe tramitándose de manera urgente como una proposición de ley antes de que llegue el mes de agosto. Así se lo ha trasladado el socialista canario a Clavijo, cuyo equipo siempre ha sido más partidario de realizar los trámites a través de un decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros.
Barreras
Torres es consciente de las barreras que existen en el camino escogido por el Ejecutivo central. El texto tendrá que pasar el filtro del Senado, donde el PP es el que tiene mayoría absoluta. Hasta ahora la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, sobre cómo hacer efectivo el acuerdo inicialmente alcanzado por los gobiernos de Canarias y del Estado mediante modificación de la ley de extranjería, ha amenazado con frustrar las expectativas de poder empezar a aliviar la emergencia que ya se vive en las Islas, con toda su red de acogida saturada por los más de 5.600 niños, niñas y adolescentes tutelados. Clavijo aprovechó ayer su presencia en el acto de jura del lehendakari Imanol Pradales, para volver al subrayar que la situación es «insostenible».
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Los ejecutivos central y regional confiaban en poder trasladar el acuerdo inicial al Congreso antes de julio y abordarlo en alguno de los últimos plenos del actual periodo de sesiones, que oficialmente concluye en junio. Pero la ausencia de diálogo entre, por un lado, el PSOE y el PP y, por otro, entre el Gobierno central y el conjunto de comunidades autónomas, ha ido demorando el trámite.
Queda, sin embargo, la prórroga que se va a dar a este periodo de sesiones parlamentarias para poder abordarlo. Sería en los plenos que la Mesa del Congreso tiene previsto convocar para la segunda y tercera semana de julio, en los que junto a cuestiones como la aprobación del techo de gasto previa a la elaboración de los presupuestos estatales, o la aprobación de medidas sobre regeneración democrática anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se podría dar cobertura a la reforma para el reparto de menores entre todas las comunidades autónomas.
Antes de agosto
Todo apunta, según afirma Torres, a que el tema se debatirá finalmente antes de agosto, pero hasta ahora la situación de bloqueo político de la medida no permitía ser muy optimistas. El Gobierno central amagó en un principio con no presentar la propuesta formalmente sin la garantía de que la apoyará el PP, arguyendo dos razones: que sin ese respaldo la medida no tendrá los votos necesarios en el Congreso, y que la reforma necesita además tener el visto bueno de las comunidades gobernadas por el PP. Pero finalmente se ha inclinado por forzar una decantación de fuerzas. «El PP se va a tener que retratar. La propuesta se presentará aunque no tengamos la garantía de ese apoyo», señalaron el pasado viernes fuentes ministeriales, recalcando que «lo importante es que se apruebe, aunque sea un poco más tarde».
El Ejecutivo de Fernando Clavijo considera primordial que se pueda empezar cuanto antes a aliviar la situación en las Islas teniendo en cuenta el previsible nuevo repunte este verano en la llegada de migrantes, incluidos menores no acompañados, en verano.
Moncloa asegura que no hay ‘opción b’ al apoyo del PP porque no tiene el respaldo de todos los grupos que actualmente dan soporte al Ejecutivo, en particular el de los ocho escaños de Junts, y quizá otros como los de la propia ERC. No es verdad, por tanto, aseguran, que la medida pueda salir adelante sin el apoyo de los populares, pero es un mensaje que no difunden oficialmente ni desde el Gobierno ni desde el PSOE, limitando el argumento oficial a la necesidad de un respaldo territorial general.
Señalan, en este sentido, que una reforma sin ese consenso territorial sería muy probablemente recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte de algunas comunidades y que eso invalidaría por mucho tiempo la herramienta acordada para dar salida a la emergencia que viven los centros de acogida de menores en Canarias.
Reacio
Sin embargo, Sánchez se muestra muy reacio a una negociación formal previa con los territorios, mediante una convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia o de una Conferencia de Presidentes, y el PSOE a hacerlo con la dirección nacional del PP o en el ámbito parlamentario. «Si necesitan nuestro apoyo, que nos llamen y hablamos, pero no vamos a dar respaldo a una medida que no está consensuada con el PP ni con las comunidades autónomas», insisten desde la dirección nacional de los populares.
Con todo, el PP mantiene también una doble estrategia de exigir esa negociación bilateral con el Gobierno central y el de la participación de todas las comunidades autónomas en la elaboración del texto, mientras, por otro lado, defienden «como Gobierno» el acuerdo entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y aseguran estar intentando convencer a la dirección de la calle Génova para que lo asuman, independientemente de que se exija a partir de ahora la participación del resto de territorios, sobre todo para que la norma contemple de una forma muy precisa garantías de financiación de las acogidas de menores migrantes que tendrán que asumir.
No reconocen los populares, sin embargo, de forma oficial los problemas que le vayan a surgir en los gobiernos autonómicos que comparten con Vox, formación que rechaza la medida y que ya ha avanzado que «hará valer» su peso en esos ejecutivos regionales para intentar forzar a su socio en esa dirección.
Lo cierto es que lo que está siendo una de las grandes preocupaciones en Canarias no se ha ganado hasta ahora un hueco en la agenda política estatal. Tampoco en la mediática. La mayoría de los grupos no está muy al tanto del acuerdo alcanzado entre Canarias y el Estado. Más allá de las iniciativas o menciones que hacen los representantes canarios de CC, ASG o AHI en el Congreso o en el Senado, ningún otro grupo se ha ocupado del tema en los debates o controles al Gobierno. Tampoco la prensa nacional está muy al tanto del problema, de ahí el interés de Torres en los últimos días por hacer corrillos con periodistas parlamentarios para hacer algo de pedagogía. Eso sí, siempre apuntando al PP como responsable del retraso que se pueda producir en la aprobación de la reforma legislativa pretendida.