El pacto rechaza debatir como ley las modificaciones en la norma climática

El Ejecutivo regional aprobó ayer el decreto ley de modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias sin intención de que se debata en el Parlamento como proyecto ley tal y como demanda la oposición. El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, alejó esta opción tras la demanda del PSOE, partido que fue el encargado de redactar al ley en la legislatura anterior y que dos años después ha visto como el actual Gabinete la modifica de forma sustancial bajo el argumento de que no estaba funcionando, es engorrosa y las quejas de las empresas vinculadas a las energías renovables.

Cabello respondió a las críticas a que esta reforma se haga mediante decreto ley y destacó que el proceso participativo «ha sido muy amplio, muy por encima de lo que obligatoriamente debe ser, algo a lo que no están acostumbrados los partidos de la oposición». 

Asimismo, llamó la atención sobre la corrección que se realiza en el decreto ley sobre once artículos de la norma original que había denunciado el Gobierno central por visos de inconstitucionalidad, y el Ejecutivo autonómico entendió que al entrar de manera formal en esos aspectos se podía aprovechar para reformar y enriquecer el texto, indicó el portavoz.

Entre las modificaciones principales de la ley, en lo que respecta a la transición energética, se crean, en coordinación y consenso con los cabildos insulares, las Zonas de Aceleración de Renovables. Se trata de espacios en los que se dará agilidad a la implantación de renovables. También se crean la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, como coordinación y colaboración con las diferentes consejerías del Gobierno, y la Oficina Canaria de Acción Climática. Por otro lado, se creará el Ente Canario de la Energía, cuyo objetivo será el desarrollo del autoconsumo en el sector público autonómico.

Cabello resaltó que han habido unas 50 reuniones con administraciones y representantes del sector, que habían criticado la ley «por engorrosa» e ineficiente para acelerar «el ansiado proceso hacia la transición ecológica», indicó, para quien el proceso participativo para dicha reforma ha sido muy amplio, superior a lo habitual. Incluso ha habido reuniones con entidades críticas con la reforma, como la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que ha ido «despejando» sus dudas al respecto, ha manifestado el portavoz del Gobierno.