Pleno del Parlamento de Canarias

Bienestar Social atiende a 843.000 personas en riesgo de exclusión

Candelaria Delgado afirma que "sacar a un paciente de la UCI lleva su tiempo" y pide 60 millones al Estado para luchar contra la pobreza

La consejera Candelaria Delgado conversa con el diputado nacionalista Francisco Linares antes de comenzarelpleno delParlamento.

La consejera Candelaria Delgado conversa con el diputado nacionalista Francisco Linares antes de comenzarelpleno delParlamento. / Arturo Jiménez

Salvador Lachica

La Consejería de Bienestar Social atiende a un total de 843.000 personas en situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social, para lo que destina un total de 213,5 millones de euros. "Las cifras de exclusión social y pobreza son muy preocupantes pero sacar a un paciente de la UCI lleva su tiempo, sobre todo si no teníamos oxígeno, y el oxígeno que no teníamos es que faltaba personal", aseguró la consejera Candelaria Delgado en sede parlamentaria.

La consejera, que compareció a instancias de NC-Bc, insistió en que el Gobierno "no olvida" las "preocupantes"cifras del último Informe Arope o de otras entidades como Cáritas, y por ello "leva a cabo una serie de medidas transversales" que implican a diversas consejerías. Por ello, exigió al "Estado que cumpla con sus compromisos" y destine en los Presupuestos de 2025 un total de 60 millones para luchar contra la pobreza en las Islas. Delgado subrayó el trabajo conjunto realizado con los ayuntamientos, administración más cercana a la ciudadanía y "puerta de entrada a los servicios sociales", en la gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

En lo que se refiere a la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), Delgado indicó que, según datos de la nómina correspondiente al mes de junio, esta ayuda económica mensual llegó a un total de 12.903 personas, con una inversión de 8,5 millones de euros, casi un millón de euros más en el marzo de 2023, cuando entró en vigor la misma en sustitución de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), pero demandó al Estado más agilidad en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).