Vox enseña la patita ultra y racista

Lo más interesante de la tarde del martes -que no empezó hasta bien pasadas las 16.30, porque la presidenta de la Cámara insiste en continuar cruelmente más allá de las dos- fue tal vez la comparecencia a petición propia de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para informar sobre la crisis migratoria que afecta a Canarias desde hace muchos meses, pero que no ha dejado de agravarse. En ese mismo momento, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres -que son, a su vez, los líderes de los dos principales partidos canarios- seguían manteniendo reuniones en Madrid con los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a fin de conseguir todos los apoyos necesarios para la aprobación/convalidación de la reforma de la Ley de Extranjería que permitiría distribuir migrantes menores no tutelados en varias comunidades autónomas. 

No se produjeron, desde luego, grandes sorpresas, y todos los grupos avalaron la reforma de la Ley de Extranjería como la mejor solución a una coyuntura angustiosa -son casi 6.000 los menores tutelados en Canarias en estos momentos y la cifra aumenta casi cada semana- y ofrecieron su apoyo al Ejecutivo en esta tesitura, todos, por supuesto, excepto Vox.

Si uno, por algún motivo más o menos comprensible, se ve obligado a escuchar los discursos de Vox en el Parlamento de Canarias, quizás se sorprendiera. Las dos terceras partes de las intervenciones de sus cuatro diputados corresponderían a una derecha dura, no a un discurso ultra. Pareciera un grupo parlamentario casi juicioso, casi dialogante, casi democrático. Concretamente, su portavoz adjunto, el señor Javier Nieto, es un dechado de cortesía parlamentaria y nadie le ha visto alzar la voz o gesticular acaloradamente jamás. 

Pero ese efecto óptico, esa normalidad política e ideológica impostada, se deshace en cuanto el debate público toca directa indirectamente a alguna de sus obsesiones patológicas: los independentismos catalanes y vascos, el feminismo, la unidad de España, el sistema autonómico, la administración pública, la educación en valores, la tolerancia religiosa, los homosexuales y los trans, la cultura woke y muy destacadamente, desde luego, la inmigración, en particular la de origen africano. 

Alguna que otra vez han intentado disfrazar su repugnante y estúpida xenofobia con la máscara de la piedad por los negros que mueren ahogados en el mar al hundirse la patera: la alternativa de Vox es que se mueran en su propia casa, que siempre será más acogedor. España -contra lo que dicen algunos ignorantes bienpensados- siempre fue un país racista y durante siglos tuvo en los judíos y los moros los enemigos de la patria honorable y la religión verdadera. Los gitanos y los negros venían después. Tanto portugueses como españoles compraron a muchos negros para trabajar en los ingenios azucareros de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En fin, no ser racista no es una cuestión de talante individual, sino una conquista ética que tantos los individuos como las sociedades van ganando lentamente. Vox no. Vox naturaliza el racismo y, como todo racismo, te dice que no lo es mientras es utilizado como base de una identidad esencialista, cerrada e inmutable: ser español, ser británico, ser ruso. 

Vox, sin el racismo, carecería de sentido como producto político-electoral. Vox, sin el racismo que circula como un virus entre las clases medias y medias bajas españolas, no existiría. Es exactamente lo contrario de Canarias, un país atlántico que sería incomprensible sin el mestizaje étnico y cultural que ha forjado su historia a lo largo de más de 500 años. 

El cronista está casi seguro que la portavoz de Vox en esta comparecencia, la señora Marta Gómez, logopeda y nutricionista, no se considera racista. Su discurso estaba empapado de xenofobia sulfurosa, pero lo que lo convertía en algo repugnante era la extraordinaria superioridad moral de la que hacía gala. La señora Gómez está religiosamente convencida de que a los negros se les conceden ayudas y subvenciones con una rapidez extraordinaria mientras que a isleños «mucho más necesitados» no les llega un céntimo. Como es obvio Gómez no precisó en ningún momento de qué datos, estadísticas o expedientes extraía estas asombrosas conclusiones. Finalmente, recordó que Vox, gracias a Dios, tenía muy claro lo que hacer: expulsar del territorio español a todos aquellos que carecen de pasaporte y permisos de entrada. «En este país», enfatizó satisfecha y farruca, «se entra por la puerta, no por la ventana». No solo se trata de palabras que evidencian una sucia crueldad orgullosa de sí misma. También denotan una estupidez realmente notable.

Nadie quiso consumir demasiado tiempo en responder a este discurso basuriento. El que se tomó más trabajo fue Luis Campos, el portavoz del NC, quien después de censurar la intervención de la diputada voxista, declaró que «no soportaba a los godos» (algunos diputados nacionalistas sonrieron mucho) mientras Elena Máñez les pedía a sus señorías del PP que se comprometiesen de una vez: ¿apoyarían sus diputados en el Congreso la modificación de la Ley de Extranjería sí o no? Los conservadores estaban mirando al cielo, al suelo o a sus móviles. La coalicionera Jana González estuvo muy bien, como siempre. En el cierre de su intervención Candelaria Delgado recordó que el Gobierno autonómico proporcionaba formación a unos 500 jóvenes senegaleses y que se intentará que sean contratados por empresas canarias y españolas que operan en Dakar. «Si este esfuerzo puede hacerlo una comunidad como nosotros», explicó, «¿qué no podría hacerse con los recursos con los que puede contar España y la Unión Europa?». 

Por lo demás, proposiciones no de ley, las que usted quiera. Desde una para salvar la cultura del camello canario -el de cuatro patas- como parte el patrimonio canario hasta otra soflamaba de Vox por la ley de amnistía que asombrosamente terminó por apoyar el PP. Los voxistas empezaban su texto afirmando que España gobierna un tirano; el mismo sátrapa, según las malas lenguas, con quien el Partido Popular acaba de pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En medio se sometieron a votación PNL sobre la eliminación de la tasa de reposición de efectivos para las policías locales, sobre las perras que necesitan los ancianos para trasladarse a Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife y, desde ahí, salir a rumbear con el Inserso o sobre el apoyo a los enfermos celiacos. 

También pidió Elena Mánez, en la suya, la articulación de un acuerdo contra los discursos del odio que trascendiera incluso al Parlamento y sumara a toda la sociedad civil. «Le hemos dejado a la ultraderecha entrar en las instituciones, ganar dinero en las administraciones y servicios públicos que quieren destruir, lanzar bulos y mentiras…» No es un discurso muy defendible desde posiciones progresistas. No ha sido la izquierda quien ha abierto las puertas de parlamentos y ayuntamientos a la ultraderecha, sino los electores.

En esa testarudez de retratar la ultraderecha como algo ajeno a la sociedad civil, como un salvajismo furioso que llega como una tempestad incomprensible, se pretende ocultar los fracasos del centroderecha y el centroizquierda tradicionales para mantener democracias sanas, cohesionadas, prósperas y participativas que no se conviertan en laberintos identitarios. No quieren verlo, como no quieren distinguir entre discursos de odio y discursos odiosos, entre la crítica rotunda y derogatoria que merecen el lenguaje y los objetivos de las nuevas ultraderechas y montar contracampañas inquisitoriales: como si los partidos tradicionales no se hubieran acostumbrado a mentir, a descalificar, a despreciar, a malquistar y caricaturizar hasta la náusea al adversario. No hay que hacer mejores campañas publicitarias contra la ultraderecha, sino mejores políticas públicas desde el respeto estricto a las normas y las instituciones democráticas.

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