El Gobierno pisa el acelerador para el trámite 'exprés' de la nueva ley de vivienda vacacional

El Gobierno de Canarias pisa el acelerador para la tramitación 'exprés' de los numerosos informes que aún le quedan, para aprobar cuanto antes el Anteproyecto de Ley del Uso Turístico de Viviendas.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes la tramitación de urgencia de esta nueva y polémica norma, lo que acortará a la mitad los plazos y permitirá que pueda iniciar a finales de septiembre su trámite parlamentario. La consejera regional de Turismo y Empleo, Jéssica de León, espera que en diciembre esté aprobada para que entre en vigor en 2025.

La Consejería de Turismo y Empleo sometió el pasado mes de abril el anteproyecto de Ley a información pública y trámite de audiencia. Durante ese proceso se recibieron 3.033 alegaciones que se encuentran en proceso de estudio y valoración. En varias semanas se hará público el informe de la Secretaría General Técnica sobre la aceptación o no de estas alegaciones y posteriormente se dará trámite de audiencia a las partes implicadas.

Indicó que hay alegaciones de los más variopintas como que autorizaran el uso de vivienda vacacional en el dominio público marítimo terrestre, cuestiones que no se pueden aplicar.

Casas turísticas de 25 metros cuadrados

No obstante, avanzó que habrá una flexibilización para los pequeños propietarios, como, por ejemplo, que la superficie mínima se rebaje de 39 metros cuadrados (como aparece en el anteproyecto) a 25 metros cuadrados, un criterio equiparable al que han de tener los establecimientos extrahoteleros, casas rurales y casa emblemática y que coincide con los metros mínimos de los que debe disponer una vivienda para la concesión de la correspondiente cédula de habitabilidad.

La nueva norma contempla determinados estándares de calidad que se establecerán para estos alojamientos. Las viviendas de 25 metros cuadrados que quieran seguir en el mercado deberán cumplir con al menos uno de los diez requisitos de equipamiento complementario. En este sentido, se tendrá en cuenta si el inmueble dispone de aparcamiento de uso vinculado a la vivienda vacacional en la misma parcela, piscina privada o comunitaria, certificaciones de sostenibilidad, cargador de vehículo eléctrico o bien, su propietario certifica la generación de empleo. También se amplía el plazo de tres meses para que los cabildos y los ayuntamientos puedan dar de alta a estas las actividades clasificadas.  

En estos días comenzará la ronda de contactos con los distintos agentes sociales, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de Islas (Fecai) para darles a conocer los cambios que se han producido en el borrador del anteproyecto fruto de este periodo de consultas.

También ha adelantado que quedan varios informes por delante, de ahí la necesidad de acortar los plazos, como el informe de la Oficina Presupuestaria, Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, de todas las secretarias generales técnicas de las distintas consejerías, del Consejo Económico y Social, o del Consejo Consultivo de Canarias, todo ello antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno y finalmente remitirlo al Parlamento.

Plazos a la mitad

Todos ellos se realizarán acortando los plazos a la mitad para sacarla adelante lo antes posible y que, el 30 de septiembre, aproximadamente, pueda entrar en el Parlamento autonómico e iniciar el trámite legislativo y "dar cumplimiento al compromiso que se marcó este Gobierno" de tener la normativa aprobada a final de año.

Jéssica de León, se refirió a la “necesidad de contar de manera inmediata con una regulación transversal e integral que aborde el fenómeno de la vivienda vacacional desde la perspectiva de la sostenibilidad”, explicó.

Canarias, 58.447 viviendas vacacionales

Actualmente, el número de viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico asciende a 58.447, lo que representa un total de 244.613 plazas de alojamiento.

Entre otras afecciones colaterales del fenómeno de la llamada vivienda vacacional, la consejera enumeró problemas crecientes de gentrificación y de turistificación derivados del incremento exponencial de viviendas de residencial a turísticas, afectando a numerosos núcleos de población de Canarias, además de a la construcción de edificios enteros destinados a este uso.

Por otro lado, hizo hincapié en “las unidades de explotación turística que se han derivado a viviendas vacacionales incumpliendo el principio de unidad de explotación y el uso para el que fueron autorizadas y construidas”.

“La implantación de viviendas vacacionales se ha hecho, no ya al margen, sino en contra del planeamiento urbanístico y territorial, desvirtuando y desmoronando el modelo de desarrollo urbano democráticamente aprobado por la ciudadanía y en ausencia total de planificación turística”, manifestó.

El IGIC es la 'ecotasa' de Canarias

De León explicó que en las islas ya se paga impuestos por la pernoctación, a través del IGIC, y manifestó que esta es una de las razones por las que el Gobierno canario no es partidario de poner una 'ecotasa' turística al estilo de la de Baleares o Catalunya.

A juicio de la consejera, las tasas se aplican a la prestación de un servicio y corresponden a ayuntamientos y cabildos, por lo que el Gobierno de Canarias tendría que poner, en tal caso, un "ecoimpuesto", el cual sería "lineal", por lo que no afectaría únicamente al turista extranjero, sino también al turismo interinsular que mueve 2.000 millones en Canarias.

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