El PP será “solidario” con Canarias pero rechaza el reparto obligatorio de menores

A menos de 24 horas de que se celebre la trascendental reunión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para abordar la distribución de una parte de los más de 5.600 menores migrantes no acompañados que ahora acoge Canarias entre el resto de las comunidades autónomas el PP sigue sin aclarar con precisión su posición, ni la que defenderán los representantes de los territorios que gobiernan. Mantienen que esas comunidades serán “solidarias” con la situación que vive el Archipiélago, pero rechazan el principio del reparto obligatorio que contiene la propuesta de reforma de la ley de extranjería que han pactado los gobiernos de Canarias y del Estado apelando al hecho de que muchas de ellas están ya con sus sistemas de acogida sobrepasados.

El portavoz de la dirección nacional del partido, Borja Sémper, se esforzó este martes en trasladar un mensaje de comprensión sobre la necesidad de alivio sobre la emergencia que vive Canarias, pero insiste en responsabilizar al Gobierno central de esa situación, y exige de él una respuesta sobre todo para garantizar medios y financiación para hacer frente a las nuevas acogidas por parte del resto de comunidades, para lo que solicitó un “fondo de contingencia” sin precisar cantidad. Eso sí, reitera que el sistema no puede “ser impuesto” y considera que algunas deberán quedarse al margen porque ya no tienen capacidad de asumir nuevas derivaciones.

El dirigente popular repitió hasta la saciedad, como lo hicieron todos los dirigentes y responsables del partido y de las comunidades que gobiernan que hicieron declaraciones públicas, que el Gobierno está “repartiendo menores migrantes como si paquetería exprés”, e incidiendo en lo que consideran una total ausencia de política migratoria. Y a partir de estas críticas el partido trata de explicar la que será su posición ante la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia que este miércoles se celebra en Tenerife, y casi justificando de antemano su rechazo a la reforma legal que se propone y obviamente al reparto obligatorio de chicos y chicas ahora tutelados por Canarias.

Hasta el límite

Sémper explicó que “con carácter general”, la posición del partido y de las regiones donde gobierna será que “los territorios pueden atender a los menores hasta el límite de su capacidad porque superarla sería incurrir en un comportamiento inhumano y sería favorecer posibles consecuencias que tengan que ver con la seguridad ciudadana”. Según él, “cuando se excede esa capacidad de acogida corresponde al Gobierno habilitar los medios y la gestión de los mismos”. “Somos solidarios, pero no con este gobierno sino con los canarios que se ven desbordados. Vamos a defender a nuestros presidentes autonómicos de la presión de un Gobierno que como siempre aterriza y llega tarde”, resaltó.

En el mismo sentido apuntó que “todos los presidentes del PP lideran territorios de acogida y son solidarios, pero nadie puede pedirles que ofrezcan más de lo que tienen”, y que “el PP ha estado concienciado con la situación límite de Canarias, pero todo lo que vaya más allá de nuestra capacidad de acogida es el Gobierno el que tiene que garantizar los medios y las fórmulas necesarias”. “Le exigimos al Gobierno que abandone el cinismo y la imposición y que aproveche la conferencia sectorial para acordar y no imponer un sistema de reparto acorde con las capacidades máximas de los centros que tienen las comunidades autónomas”.

Posición asimétrica

En todo caso, Sémper no aventuró el resultado final de la cumbre de este miércoles en Tenerife, e incluso aseguraba no saber qué es lo que exactamente tendrían que votar las comunidades autónomas en relación con la propuesta de reforma de la ley de extranjería. “La posición es

asimétrica en España, depende de cada comunidad, que tienen unas y otras condiciones”, dijo Sémper, y que es en el foro de Tenerife donde “se ponen encima de la mesa las circunstancias de cada una”. El reparto, en todo caso, siempre se ha hecho sobre la base de unos índices que van desde el porcentaje de acogida en la actualidad de cada comunidad, a la renta per cápita, la población y otros criterios. En definitiva, el PP considera que el problema en Canarias tiene que ver con la “deficiente gestión migratoria” del Gobierno de Pedro Sánchez, y no con el hecho mismo del desbordamiento de los recursos de acogida en las Islas, rechazando que sean las propias comunidades autónomas las que, independientemente de la ayuda que reciban del Estado, tendrán que incrementar sus actuales capacidades para recibir más menores migrantes.

En este mismo sentido, la dirección del partido ignoró la reclamación que pocas horas antes había expresado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en declaraciones a la cadena Ser, reclamando una “visión de Estado” y el “apoyo” del PP y de sus territorios a la reforma de la ley de extranjería.

Vivas dijo que “el PP debería apoyar esta reforma siempre y cuando responda a una medida estructural y eficaz para resolver el problema”, sosteniendo que la nueva norma no solo debe contener un “reparto vinculante” de menores, sino también “automático” para hacer frente a la “situación insostenible” de territorios como Ceuta y Canarias. Para el dirigente ceutí es urgente abordar esta situación y ha instado a “entrar en un proceso, de forma inmediata, de negociación y acuerdo para que la medida salga como todos pretendemos”. Sin embargo, preguntado por estas declaraciones, el portavoz de Génova negó que en ellas Vivas defendiera la reforma citada, asegurando que se había limitado a reclamar que las reubicaciones “se hagan con las condiciones suficientes y necesarias”.

Sémper dice que el PP no admitirá el “chantaje” de Vox de romper sus pactos regionales

En relación con la amenaza de Vox de romper los pactos con el PP en las cinco comunidades que cogobiernan si los populares admiten nuevas acogidas en esas regiones, Sémper aseguró que “ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno”. “Ellos verán qué hacen, pero con nosotros los órdagos ni las amenazas funcionan, y a partir de ahí cada uno asumirá sus responsabilidades”, afirmó el portavoz popular.

Vox reitera su amenaza

En este sentido, cabe señalar que Vox, a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, insistió en que “esos acuerdos” con el PP “no son una broma ni un cheque en blanco” y que “llegados a este punto, lo que diga el señor Feijóo (en materia de menores) es irrelevante porque un día dice una cosa y otro día dice otra”. Por eso considera que “lo que a nosotros nos importa es lo que hagan los presidentes de las regiones”, y que “si ceden a la presión de Sánchez y se hacen colaboradores” del reparto de menores, “nosotros daremos por rotos esos gobiernos”.

Por otro lado, varios dirigentes territoriales del PP también expresaron este martes su disposición a la “solidaridad” con Canarias, pero manteniendo sus recelos a la reubicación obligatoria y sin aclarar que harían sus respectivos representantes en la conferencia sectorial, siempre poniendo por delante sus críticas a la política migratoria del Ejecutivo central. La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha pedido “financiación y tiempo" para buscar los recursos con los que atender a los menores, y dijo que acudiría a Tenerife “con el compromiso de hacer un nuevo sobreesfuerzo. Por su lado, el presidente de Castilla y León, Fernando Fernández Mañueco, dijo que esa comunidad, una de las amenazadas por Vox con romper el pacto, aseguró que “esta es tierra de acogida y solidaria” y que “nadie dude que estaremos a la altura de la situación”, sin precisar más.

Suscríbete para seguir leyendo