Una empresa pública y acceso ciudadano a los proyectos renovables para impulsar la descarbonización

El Gobierno de Canarias puso el pasado jueves en manos de cabildos y ayuntamientos las modificaciones de la Ley de Cambio Climático que pretende convalidar en el Parlamento de Canarias antes de agosto.

Entre ellas, la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha incluido la de poner un 20% de los nuevos proyectos de renovables en manos de los ciudadanos para revertir el creciente rechazo que generan en los últimos años estas infraestructuras.

"Acelerar" la penetración de renovables, "generar economía y asegurar el suministro eléctrico de Canarias" son los objetivos que declara el consejero Hernández Zapata

Además, el consejero Mariano Hernández Zapata ha incluido la propuesta de crear una empresa pública que podría generar energía o participar en proyectos de terceros con el fin de reducir la actual factura de 36 millones de euros anuales que abona la comunidad autónoma.

"Acelerar" la penetración de renovables en el mix energético del Archipiélago, "generar economía y asegurar el suministro eléctrico de Canarias" son los objetivos que Zapata busca cubrir. Lo hace mediante una modificación que, en su opinión, "no busca tirar abajo" la norma impulsada por su predecesor en el cargo, el socialista, hoy senador, José Antonio Valbuena.

Se retiran once artículos que podrían generar conflictos de competencias

Sí se retiran los once artículos señalados en la Comisión Bilateral Canarias-Estado como posibles acelerantes de futuros conflictos de competencias entre la comunidad autónoma y Madrid.

Diez días

El plazo de diez días que tienen las administraciones locales e insulares para contestar ya corre. La Consejería de Transición Ecológica decidirá si incorpora o no al decreto ley las sugerencias o modificaciones que remitan, si bien ni la Fecam (Federación Canaria de Municipios) ni la Fecai (Federación Canaria de Islas) han sido ajenas al proceso de cambio de la norma.

Ambos órganos de representación de las instituciones locales han tomado parte en alguna de las 50 reuniones celebradas en los últimos meses para conseguir un texto que genere el mayor consenso posible. Es más, tanto cabildos como ayuntamientos salen reforzados con los cambios.

Tanto cabildos como ayuntamientos salen reforzados con los cambios

En no pocas ocasiones, los proyectos para restar toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera en el proceso de generación de la energía eléctrica encallan por diferencias entre la Administración regional e insular que terminan en los tribunales. Los cambios a introducir en el decreto ley proponen explorar el consenso previo para que los parques eólicos y plantas fotovoltaicas de nuevo cuño cuenten con las bendiciones de todos.

En ese proceso de búsqueda del "pragmatismo", en palabras de Hernández Zapata, también se designarán "zonas de aceleración" para la implantación de proyectos de generación renovables. De nuevo en compañía de los cabildos, los servicios de biodiversidad de la consejería regional buscarán áreas, "preferentemente antropizadas", en las que desarrollar las inversiones.

"Hay que acelerar"

El consejero señaló que su equipo está "poniendo todo" por conseguir cumplir el compromiso de descarbonización del Archipiélago en el año 2040. "Pero para eso es necesario acelerar, porque hasta la fecha la presencia de renovables no cubre más que el 19%", enfatizó sobre el retraso acumulado.

Todo ello sin obviar el rechazo que cada vez en mayor medida genera en la ciudadanía la presencia de aerogeneradores o placas solares. El decreto reserva el 20% de cada proyecto novedoso a los habitantes.

Se reserva a los ciudadanos la participación preferente en hasta un 20% de los nuevos proyectos renovables

"Se da la posibilidad de que adquieran participaciones", afirma el consejero. Esa quinta parte de cada iniciativa podrá ser tomada también por las instituciones locales.

¿Y qué ocurre si nadie se decide a participar? "Nosotros damos esa posibilidad preferente, si transcurrido el plazo nadie muestra deseo de participar, el proyecto, lógicamente, seguirá adelante", ha aclarado Zapata.

Solo las empresas grandes y todas las turísticas continuarán obligadas al registro de la huella de carbono

El decreto ley que se llevará a la Cámara regional exime a las pequeñas empresas de pasar por el registro de huella de carbono. «Mantendremos esa obligación para las grandes», expuso el consejero. En el sector en el que no habrá excepciones será el turístico.

Todos los operadores del sector alojativo continuarán obligados, «incluidas las viviendas vacacionales», añadió el consejero de Transición Ecológica y Energía.

Declaración responsable

La modificación de la ley también contiene la suficiencia de la declaración responsable como trámite para el inicio de algunas actuaciones en el ámbito de la reducción de la emisión de gases nocivos. «No tenemos tiempo para que quien quiera instalar placas fotovoltaicas en una pérgola o un enchufe para vehículos eléctricos, por ejemplo, tenga que cubrir un trámite de muchos meses», señaló el consejero. El decreto permitirá tomar la iniciativa con esa declaración; el ayuntamiento vigilará que se cumple con lo anunciado.

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