Pedro Ortega, presidente de la CCE: «El rechazo al turismo parte de la falta de vivienda»

El turismo fue el gran responsable de que el crecimiento de la economía canaria (3,9%) superara el de la española (2,5%) durante el año pasado. Por sí mismo y por el efecto tractor que ejerce sobre el conjunto de la economía, señaló ayer el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García. Por ello, el presidente de la organización empresarial, Pedro Ortega, señaló que el rechazo y las críticas contra el sector alojativo que proliferan en los últimos meses generan «un enorme daño». Más aún si, como expuso, parten de un problema diferente como es «la falta de vivienda» para los residentes.

García y Ortega se refirieron asimismo a la tramitación de la ley de vivienda vacacional impulsada por el Gobierno de Canarias. Como conclusión principal, señalaron la ausencia de eficiencia que tiene cualquier normativa que no atienda a las especificidades de cada una de las islas que integran el Archipiélago.

Desde la pandemia «se han perdido 5.600 plazas ¿Dónde está el agobio?», se preguntó José Cristóbal García, que no dudó en resaltar que la regulación parte de «estadísticas que no se cree nadie». Tanto él como el presidente de la patronal de Las Palmas se interrogaron sobre si «realmente se está preguntando a los expertos» a la hora de tomar medidas como esta.

‘Expulsión’ de residentes

El negocio de la vivienda vacacional ha generado en los últimos años procesos de expulsión de los tradicionales habitantes de determinados barrios. Los propietarios prefieren la mayor rentabilidad que otorga la actividad alojativa, con lo que disparan los costes de los arrendamientos como medida disuasoria ante las renovaciones de los contratos.

En el aspecto menos particular de los casos, la escasez de viviendas para uso residencial determina un incremento generalizado del precio de los alquileres. Una circunstancia que entronca con el diagnóstico de Ortega al determinar el rechazo contra el turismo, que generó el 35,5% del PIB del Archipiélago –2,6 puntos más que en 2019– y el 39,7% del empleo, «también por encima del nivel previo a la crisis sanitaria (36,3%)», según recoge el Informe anual de la economía canaria presentado ayer.

No obstante, tanto presidente como vicepresidente ejecutivo admitieron la necesidad de regular una actividad –alquiler turístico– que ha irrumpido con notable fuerza. Con la advertencia de la que ley fracasará si no parte de un censo depurado de los activos que se dedican a este negocio y no atiende a las circunstancias específicas de cada isla.

Un claro ejemplo lo constituye el crecimiento de la demanda registrado por cada una de ellas. «Tenerife acapara 600.000 del incremento de 900.000 plazas» registrado desde la recuperación postpandemia en comparación con el máximo alcanzado hasta ese momento, detalló García. En ese mismo tiempo Gran Canaria solo ha podido recuperar los números que lucía cuando la crisis sanitaria obligó al cierre de la planta alojativa.

Emergencias declaradas

El propio García ironizó sobre la declaración de sucesivas emergencias –energética, hídrica, habitacional– como modelo de gestión por parte del Gobierno. «Benditas emergencias», expresó para celebrar el acortamiento de plazos de tramitación y puesta en marcha que propician. 

Una agilización que, en su opinión, no debería hacer falta si la clase política se tomara el tiempo suficiente para «pensar en el futuro» en lugar de aprobar regulaciones que después deben cambiarse. Entre ellas, presidente y secretario general aludieron a la Ley de Cambio Climático de diciembre de 2022, aprobada por el anterior Gobierno de Canarias y para la que el actual Ejecutivo ultima un decreto que la modifica.

El presidente de la CCE lamenta la sustitución del diálogo social por un «monólogo»

En cualquier caso y volviendo al turismo, Pedro Ortega señaló que desde hace años el sector ha «apostado por la sostenibilidad», adoptando modelos de buenas prácticas tendentes a reducir el impacto de la actividad alojativa. 

Avanzar en este sentido dependen de la «implicación de la Administración», resalta el informe, que tendrá que poner a disposición del sector privado las herramientas precisas para ello. Con, entre otras fuentes, los fondos europeos, «que no terminan de llegar», expuso el secretario general de la CCE, y que se habilitaron entre otras cuestiones para la mejora de los índices de sostenibilidad medioambiental.

Decisión "política"

En otro orden de cosas, Pedro Ortega lamentó la sustitución del diálogo social por un «monólogo social». De ese modo, se refirió a la reducción de la jornada laboral que verá la luz en breve. Calificó la decisión como «política» y alertó de la «pérdida de competitividad» que generará en las empresas. ¿Por qué? En opinión del presidente de la patronal de Las Palmas, se trata de un incremento «encubierto» de salarios del 6%.

Otro factor más que elevará los costes salariales y que impedirá el crecimiento de los negocios que componen el tejido productivo de la comunidad autónoma. El informe señala que en países europeos «como Suiza o Alemania, las empresas tienen 21 y 12 empleados por empresa» mientras que la media de España se queda con solo 5,4; dos décimas menos que el tamaño registrado en Canarias.

Cepyme identifica un centenar de normas que impiden a las empresas ganar tamaño

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) cifra en 100 las normas de todo tipo –fiscales, laborales, contables...– que limitan el crecimiento de las empresas, cuestión para la que la CCE demandó atención.

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