San Bartolomé de Tirajana acelera la ordenanza para evitar multas a los afectados por la Ley Turística

El pleno de la corporación de San Bartolomé de Tirajana declaró este jueves la urgencia de la futura ordenanza provisional que deberá solucionar la situación de los residentes y propietarios de viviendas en zonas turísticas del Sur de la Isla.

Con 19 votos a favor de PP-AV, CC y PSOE y 4 en contra de NC, la aprobación de la urgencia fue recibida con alegría por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), tanto dentro del salón de plenos como en el exterior. Este colectivo, que lucha desde 2013 por la convivencia de ambos usos, aplaudió el acuerdo por el alivio que supondrá a corto plazo el aplazamiento de las sanciones. Según la plataforma, esas multas oscilan actualmente entre 30.000 y 300.000 euros.

De esta manera, más de 10.000 personas que viven en la zona potencialmente turística del sur de Gran Canaria se beneficiarán una vez sea aprobada la ordenanza, al menos durante los próximos dos años.

El primer teniente de alcalde y concejal de CC, Alejandro Marichal, señaló que la declaración aprobada por la vía de urgencia «es el primer paso para su aprobación definitiva» y que se hace por una necesidad social y pública de modificar el Plan General de Ordenación. Esta declaración, dijo, pretende dar una mayor seguridad jurídica a los vecinos cuyas parcelas tienen una ficha de ordenación en la que solo se establece que son «apartamentos, casas vacacionales o bungalows». El objetivo es «clarificar los usos turísticos y que en esas fichas se recoja también su compatibilidad con el uso residencial o segunda residencia», añadió.

Rifirrafe a cuenta de la vivienda vacacional

El modelo turístico fue motivo de desencuentro durante el pleno. Marichal recordó al portavoz de NC, Samuel Henríquez, que defienden modelos distintos, «el nuestro consiste en no crear guetos como si se trataran de polígonos industriales, se basa en defender a las personas y no solo a un sector turístico». Este modelo, argumentó, «da identidad al destino y pone en valor a las personas».

Añadió que ni él ni su partido, ni los afectados están en contra del turismo, pero que es una realidad que más de 10.000 personas viven en zonas turísticas, incluso antes de la ley de 1995. «No se puede afirmar que estas personas -dirigiéndose a los afectados- estén atentando contra el modelo turístico, lo que se pretende es que el que venga a nuestro municipio se integre en él».

Por su parte, Henríquez, insistió en que plantear usos mixtos «no es lo correcto» y que «va contra el interés general». Además, cuestionó su legalidad: «Hay que regularizar la situación, pero esta ordenanza chocará con el resto de leyes regionales que hablan de la especialización de los usos turísticos», alegó. Durante su intervención, Henríquez lanzó una pregunta al gobierno municipal: «¿Qué pasará cuando esta ordenanza llegue al Gobierno de Canarias? Eso sí que es engañar a las personas», dijo. Ellos -refiriéndose a los residentes- «no son responsables de que les estén llegando las multas».

El alcalde Marco Aurelio Pérez aclaró que fue la propia consejería de Turismo del Gobierno de Canarias la que pidió al Ayuntamiento su redacción para poder actuar sobre las sanciones. «Se trata de una ordenanza municipal que se tramitará y aprobará, y contra ella el Ejecutivo regional sólo podrá actuar en los tribunales, porque este ayuntamiento es soberano y está capacitado para aprobarla», afirmó.

Por último, la portavoz del PSOE, Conchi Narváez, cuyo partido votó a favor, aplaudió este paso que «se centra en la protección y defensa de los afectados de la Ley Turística». Pretende, dijo, «paralizar los expedientes sancionadores».

El camino que le espera a esta ordenanza

Una vez aprobada la tramitación urgente, la declaración será remitida a los servicios jurídicos municipales para que procedan a la redacción de la ordenanza provisional. Posteriormente será sometida a consulta pública por el órgano ambiental municipal para su evaluación. Una vez sea aprobada -los plazos pueden extenderse entre seis meses y un año- la ordenanza será remitida a la Consejería de Turismo.