Madrid fulmina los juzgados de Guía, Arucas y Telde de Violencia a la Mujer

Sorpresa y malestar en los operadores judiciales del Norte. Una resolución del ministro de Justicia del Gobierno de España, Félix Bolaños, fulmina de un plumazo los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de los partidos judiciales de Arucas, Guía y Telde, que asisten a casi 301.500 habitantes de 15 municipios, para trasladar toda su actividad al juzgado número 3 de nueva creación en Las Palmas de Gran Canaria. La iniciativa, que entra en vigor ya este lunes, ha generado malestar en la comarca Norte, ya que obligará a víctimas de los citados municipios y de sus áreas de influencia desde La Aldea al interior de la Isla a desplazarse a la capital, con el perjuicio múltiple que acarrea.

Una mujer se siente víctima de violencia de género, que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico. Y hasta ahora, en el norte de la isla tenía como punto de referencia los juzgados de Guía y Arucas, que aglutina a once municipios de la comarca y más de 125.000 habitantes. A partir de ahora, esa prestación desaparece, tras un plan de reorganización llevado a cabo en Madrid, que afecta también al partido judicial de Telde, para centralizarlos todos en Las Palmas de Gran Canaria. Y lo hace con la puesta en marcha de un nuevo juzgado especializado (el número 3).

La noticia ha cogido por sorpresa a operadores judiciales, que se muestran indignados con las consecuencias que va a acarrear su entrada en vigor en la comarca.

En este sentido, un letrado rechaza que la reforma suponga un ahorro económico, porque estamos hablando de tres partidos judiciales que ya tenían montada toda la infraestructura hace años. Y, en cambio, ha significado crearla de cero en la capital.

Tres guaguas

Un operador judicial pone como ejemplo que una mujer de La Aldea sin coche deberá tomar al menos tres guaguas para poder entrar en el palacio de justicia de la capital. Todo ello, en una situación personal complicada, y con la pérdida de casi todo un día. La situación se repetiría en otras localidades y, sobre todo, en áreas rurales.

El «plan de adecuación de la planta judicial» contempla la agrupación de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Santa María de Guía y Telde, concentrado todo en la capital grancanaria.

En el caso de Guía tenía hasta ahora un servicio mixto, de Primera Instancia e Instrucción (el número 3) con el de Violencia a la Mujer, por lo que en teoría solo rebajaría la carga de trabajo de este último, salvo que también se vea mermada la plantilla. En el caso de Telde estaba en Instrucción 2. Y, por último, en Arucas se prestaba este servicio en Primera Instancia e Instrucción 2.

En cambio, la puesta en esencia del nuevo juzgado nace de cero en Las Palmas de Gran Canaria, lo que ha obligado a crear una plantilla nueva y equipamiento a estrenar, para poder empezar desde este lunes a prestar el servicio.

Niños y madres

El Ministerio de Presidencia alega en el Real Decreto de su aprobación que se trata de «un redimensionamiento de la planta judicial existente y una optimización de los recursos disponibles, con el fin de alcanzar una mayor proximidad en relación con la víctima, que redundará en una atención más especializada, ágil, uniforme. En definitiva, conseguir una óptima presentación del servicio público, tanto a las víctimas de violencia de estos partidos judiciales como al resto de los ciudadanos, que recibirán una mejor atención de los juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, que no tendrán que asumir los asuntos civiles y penales junto con los de violencia de género».

La reforma aspira a mejorar también la atención a los menores víctimas directa o indirecta de la violencia de género, por cuanto en el edificio judicial de Las Palmas existe una sala específica (Sala Gesel), en la que se pueden tomar declaración a los jóvenes, y disponer de un juzgado especializado en violencia contra la infancia.

Por contra, operadores del Norte niegan que la medida optimice los recursos. Y, sobre todo, que aleja las víctimas de los centros de la justicia, creando muchas más incomodidades.

La decisión supone que unas 301.500 habitantes de los tres partidos judiciales se quedan sin su juzgado local de referencia en temas de violencia sobre la mujer, para tener que trasladarse en el caso de que tengan que recurrir a él a la capital grancanaria para poderse en manos de la Justicia.

Además de chocar con una política descentralizadora, conlleva otros costes económicos añadidos, derivados de los desplazamientos, pérdida de tiempo, saturación de tráfico, y otros problemas añadidos, hasta medioambientales, según denuncian en el ámbito judicial de la comarca. Y lamentan la decisión tomada por el ministro Félix Bolaños. 

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