Jueces y Fiscalía avalan el pacto de Manuel Santana con el grupo Lopesan

La liquidación de la entidad Hermanos Santana Cazorla para poner fin al concurso de acreedores que tramita el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que en palabras del cofundador Santiago Santana Cazorla supondría la «casi desaparición» del conglomerado empresarial creado hace 45 años en el sur de la Isla, se produce en paralelo a otra decena de procedimientos en juzgados de lo Mercantil y lo Penal por las disputas entre los dos bandos de la familia.

Esas pugnas personales y societarias están poniendo en riesgo los intentos de otros agentes del sector turístico, caso de Lopesan, para reflotar algunas de las empresas del antiguo Grupo Santana Cazorla que están en concursos de acreedores, así como la estabilidad de varios complejos hoteleros de la cadena Anfi en Mogán.

En uno de esos enfrentamientos en los tribunales, el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción ya han avalado la entrada del grupo Lopesan en las sociedades Anfi Sales y Anfi Resort al desestimar una querella de los herederos de Santiago Santana Cazorla, que ahora reside en Marruecos, contra Manuel Santana Cazorla y varios directivos del grupo de Eustasio López.

El Ministerio Fiscal achaca las dificultades de las empresas a los enfrentamientos entre los dos hermanos y sus familias, que ya se venían produciendo antes de que la sociedad Ifa Canarias, del grupo Lopesan, llegara a un acuerdo con los cónyuges Manuel Santana Cazorla y María del Pino Oliva sobre los futuros derechos de liquidación de las sociedades Grupo Santana Cazorla SL y Petrecan. Ese pacto se firmó el 22 de diciembre de 2021 por una cuantía de 19,9 millones de euros.

Tras varias demandas rechazadas por juzgados de San Bartolomé de Tirajana y de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Santana Trujillo -hijo de Santiago- y las sociedades Bodegas Tirajana y Santana Cazorla Servicios SL interpusieron una querella en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, estafa de inversores, estafa procesal y negación de derechos sociales.

La denuncia en Madrid se dirigió contra Eustasio López, Manuel Santana Cazorla, Juan José Arencibia, Yaiza García, María del Pino Oliva, y las entidades Ifa Canarias, 47 MSC Inversiones Internacionales, 959 Oliva Inversión Internacional y Balcón del Tablero SL.

El magistrado desestimó la querella tras recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que no apreció la existencia de esos supuestos delitos ni ataque alguno a los bienes tutelados. El auto judicial que rechaza las pretensiones de los herederos de Santiago Santana Cazorla también refleja la madeja de sociedades que crearon los dos hermanos, cónyuges y descendientes para ir sorteando las dificultades financieras del grupo.

Dos bandos

En esa querella en concreto, el auto de desestimación revela que tanto los denunciantes como una parte de los denunciados (Manuel Santana, María del Pino Oliva y Balcón del Tablero) integran el Grupo Santana Cazorla SL con un 50% del capital social cada una de las partes. Las discrepancias en la gestión entre ambos bandos familiares generaron, según relata la magistrada, una «permanente situación de bloqueo», que unido a otras situaciones económicas adversas, derivaron en un procedimiento concursal tanto del Grupo Santana Cazorla SL como de otras mercantiles vinculadas a ella.

Esas empresas en concurso de acreedores son Petrecan SL, propietaria del 2,2% de las participaciones del grupo y titulada por los mismos socios con los mismos porcentajes, Anfi Sales SL y Anfi Resort SL. Los capitales sociales de estas dos últimas se dividen en un 50% entre Grupo Santana Cazorla SL, de un lado, y Anfi Internacional BV y Lying Centro Anfi SLU a través de Ifa Canarias, por otro lado, si bien con determinados derechos políticos privilegiados por parte de Grupo Santana Cazorla SL, la acción de oro.

Frente a los argumentos de los denunciantes, que esgrimieron en la querella que bajo la apariencia jurídica de la compra de unos inexistentes derechos de liquidación de Grupo Santana Cazorla SL y Petrecan lo que realmente adquirían Manuel Santana e Ifa era la gestión desleal coordinada para llevar a las empresas en concurso de acreedores a la liquidación, obteniendo como ventaja la compra de los bienes de esas dos mercantiles sin abonar el pago de su valor real, el Ministerio Fiscal sostuvo que esa versión de los hechos no era acorde con el relato cronológico de las desavenencias y discrepancias descritos por los herederos de Santiago Santana.

Dos documentos, recogidos en el auto del Juzgado Central, niegan que el pacto denunciado consiguiera alinear la voluntad de Manuel Santana con los intereses del Grupo Lopesan, pues la confrontación entre los dos hermanos ya venía desde tiempos anteriores.

El primero de los documentos señala que en el año 2018 el bloque encabezado por Manuel Santana se opuso a la propuesta de desinversión o capitalización planteada por los descendientes de Santiago, desavenencias que se volvieron a poner de manifiesto en abril de 2022 esa misma parte manifestó su oposición a la ampliación de capital en 800.250 euros propuesta por el otro bando.

El segundo documento es la propia petición del concurso de acreedores por parte de Grupo Santana Cazorla SL, donde la disparidad de criterios entre una y otra parte genera una situación de bloqueo que es descrita como una de las causas que justifican la solicitud concursal.

Entre otras valoraciones, el auto judicial que desestima la denuncia concluye que esa actuación revela el ánimo y la intención de instrumentalizar la querella en el procedimiento concursal, lo que es inadmisible.

En su informe al Juzgado, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el pacto de los 19,9 millones entre Manuel Santana e Ifa Canarias no adquiere relevancia penal y no se puede entender como un soborno mercantil, sino que se trata de un «negocio jurídico válido, no clandestino, con objeto de derechos futuros, permitido a cambio de un precio cierto».

«Del propio relato de la querella y documentación aportada», añade la Fiscalía, «se colige que esa cantidad entregada por Ifa Canarias no puede ser considerada contraprestación para favorecer indebidamente al Grupo Lopesan, por cuanto los comportamientos que se definen como ‘favorecimiento indebido’ al mismo se describen como ya producidos al menos desde el año 2018».

Anticorrupción también alega que «sorprende que quien ejercita una acción penal por estafa procesal no precise ante el juez mercantil que en el Grupo Santana Cazorla se encuentran enfrentados dos grupos de socios que representan el 50% del capital y que hace inviable la adopción de ningún tipo de acuerdo social, y que pretenda que la postura en el concurso de acreedores de las Anfi es una, como si en este ámbito las irreconciliables diferencias hubieran desaparecido».

Deudas con abogados

Los litigios judiciales del grupo turístico han sido tan numerosos en los últimos años que en el primer listado del concurso de acreedores de Hermanos Santana Cazorla aparecen deudas con una docena de despachos de abogados, letrados, procuradores y notarías, tanto de Gran Canaria como de prestigiosos bufetes de Madrid. Por lo que se desprende de esa lista de acreedores, la sociedad principal de los hermanos Santiago y Manuel no solo acumula deudas con las administraciones públicas (Agencia Tributarias y varios ayuntamientos), entidades bancarias, empleados y empresas de todos los ámbitos, sino que tampoco pudo hacer frente a los salarios de los abogados que les defendían en sus pleitos. También aparecen 168.000 euros de deuda con Loro Parque por una condena en costas sin pagar. | J.M.N.