Rosa Martínez: "Es necesario planificar el uso turístico de las viviendas"

Usted es abogada y directora en el bufete Montero y Aramburu del departamento de Derecho Público y Urbanismo y como tal ha participado en las jornadas que debaten la residencialización en zonas turísticas ¿Alguna conclusión?

Teniendo en cuenta que en este foro hemos  representado diversas áreas como economistas, juristas, empresarios, universidades, gobiernos, creo que casi por unanimidad y conocedores del modelo turístico de Canarias, vimos como conclusión que no es favorable la convivencia entre vivienda vacacional y turística. No solamente porque el actual modelo del ordenamiento jurídico lo prohíbe tajantemente. Somos conscientes de que se pueden adaptar, modificar y cambiar. Pero también son razones económicas, de PIB, de consistencia de calidad del producto turístico, de lo que queremos mantener en la imagen de Canarias y sobre todo, el interés general, que es del que dependen las administraciones. Ha habido coincidencia en que no es un fenómeno positivo en la convivencia residencial y turístico. 

Cuáles son las dudas más habituales entre los clientes del bufete de abogados en el que trabaja. Y por parte de quién? Empresarios o particulares para el cambio de vivienda vacacional a residencial?

El explotador turístico está ante todo preocupado porque ve perder unidades alojativas. Se siente coaccionado por este motivo. Luego, el propietario que adquiere un apartamento lo hace considerando que adquiere una vivienda, al contrario que el explotador que cree que no es así. Es difícil explicarle a un particular que no ha adquirido una vivienda, un inmueble residencial. Que se trata de un apartamento turístico. Tenemos que explicarle que su deber es darle uso turístico, pero el propietario persigue rentabilidad en un complejo turístico, ir por libre y alquilarlo por su cuenta. Soslaya así el compromiso del empresario de mantener una recepción 24 horas o un socorrista. Es legítimo que el dueño de un apartamento lo haga, pero exclusivamente piensa en su interés y no en la calidad del producto. Hay que tener en cuenta que la convivencia de un turista con alguien que resida en el mismo complejo no es lo que quiere un turista. Además merma el producto turístico de Canarias porque los comportamientos y hábitos son distintos. 

Se refiere a que ya hay un producto encajado en cuanto a la imagen turística. No tienen quien los regule.

Ellos están fuera de la ley, fuera de la ordenación. Nadie los regula. Pero ¿Dónde están sus cumplimientos fiscales? Es una situación cómoda, no cabe duda.  

A qué se enfrenta el sector turístico con la conversión en residencial de un apartamento.

Ante todo hay que evitar el enfrentamiento. Intentar combinar los intereses para que no exista conflicto. Lo claro es que cada uno intentará mantener sus intereses. Cuando la regulación legal sea real en cierto modo se blindará el uso de las viviendas que hasta ahora han estado a nivel de reglamento hasta que se eleve al rango legal, que es lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno a nivel legislativo. La ley es un sujeto concreto y se puede blindar la regulación. Pero donde está el meollo de la situación es en los ayuntamientos. Son quienes tienen que regular los usos de sus suelos. Es su responsabilidad la regulación urbanística porque son los que mejor conocen su territorio. 

Los ayuntamientos no han actuado correctamente entonces.

Los ayuntamientos tienen mandato de legislador desde el año 2003, que se reiteró de nuevo en 2013 con la ley de renovación turística. ¡Coge tus áreas , analízalas y le dices a la administración, esta es turística, exclusivamente dentro de las zonas turísticas. Deben señalizar las compatibilidades. Está marcado y no lo han hecho. 

Porcentaje aproximado de ayuntamientos que hayan cumplido con el cambio de uso de suelo en zonas turísticas.

Ningún municipio de Canarias lo ha hecho. Ni siquiera los principales municipios turísticos. Ninguno lo ha abordado. Deben hacer una especialización de uso de suelo en zonas turísticas, en las que puede haber suelo residencial, por supuesto. Se aplicó para poder reclamar en una modificación específica que se introdujo por la modificación del suelo, un poco para relajar los usos de uso residencial el 1 enero 2017. Pero nadie lo ha podido consolidar porque la ley lo supeditaba a que los ayuntamientos previamente hicieran calificación del suelo. Hay propietarios interesados, con su uso legitimado, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no. Cada administración debe asumir sus responsabilidades. 

Suena un poco caótico. Una cadena que parte de ayuntamientos a cabildos, gobiernos...

El Cabildo tiene su responsabilidad. Es el organismo que está dando por buenas viviendas vacacionales en los complejos turísticos. Eso es una contradicción. No puede hacerlo.

Se puede convertir un apartamento vacacional en vivienda propia o de alquiler en estos momentos a pesar de que no está regulado.

Ahora mismo no hay ningún límite para convertir un apartamento dentro de un establecimiento extrahotelero en vivienda. Si quieres hacerlo vete corriendo e inscríbete. Pero bueno, la ley del gobierno sí pondrá límites. Está el anteproyecto, y creo que durante este año puede entrar en vigor tras su paso por el parlamento en septiembre. Pero mientras cualquiera puede hacerlo.

Tendrán problemas quienes hayan residencializado antes de la entrada en vigor de la normativa?

Ahora mismo, con la regulación que hay prácticamente no hay límites. Se puede hacer. Cuando se apruebe la ley no. Sí va a condicionar. Lo que ha pasado hasta ahora con la vivienda vacacional es porque no ha habido planificación. Nadie se lo esperaba. El boom ha sido a nivel mundial. Por eso no podemos estar al margen de este sector y hay que abordarlo. Para afrontar la actual realidad reitero que hay que promover la especialización de usos, pero no la compatibilidad automática, tal y como plantea a la ordenanza provisional impulsada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que parece concebida para eludir la acción inspectora de otra administración, el Gobierno de Canarias. Es posible cambiar el modelo cambiando las leyes, pero evaluando las consecuencias, porque el modelo turístico canario ha sido un éxito y eso incluye a la unidad de explotación.

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