El sector turístico pierde 3.500 millones y 88.000 empleos al año por convertir un apartamento en residencia

El proceso de residencialización ha supuesto este año la pérdida anual de 3,5 millones de euros, 943 millones en recaudación fiscal y le dice adiós a 88.000 puestos de trabajo. Es una de las conclusiones de los expertos participantes durante la primera jornada sobre áreas turísticas y áreas residenciales en el contexto de la Universidad de Verano de Maspalomas celebrada en San Bartolomé de Tirajana este jueves y que finaliza este viernes. Casi por unanimidad sostienen que esta práctica "no es favorable" para la economía y para el sector y que "es contraria al modelo fijado en la legislación canaria sobre turismo y ordenación del suelo".

En las ponencias diurnas de las jornadas avisaron que el "meollo" se encuentra en los ayuntamientos, que en su práctica totalidad no han hecho los deberes de cara a regularizar sus suelos para establecer y especificar el uso del suelo turístico. Denuncian que la ordenanza que impulsa el Ayuntamiento de San Bartolomé es contraria a la legalidad y los juristas presentes hoy lo dejan claro: "No existen límites legales. Tú vas corriendo ahora mismo y puedes registrar sin problema tu vivienda como residencial".

 El director del Instituto de Turismo y Desarrollo Sostenible (Tides), dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Carmelo León fue el encargado de presentar durante su ponencia un estudio actualizado con datos de 2022 que desprende que el turismo en Canarias factura anualmente 16.900 millones de euros, de los cuales 3.441 millones de euros se convierten en recaudación fiscal, con 344.000 puestos de trabajo creados gracias a 545.000 plazas turísticas. Concluye que “el proceso de residencialización supone la pérdida anual de 3.586 millones de euros de facturación, con 943 millones de merma en la recaudación fiscal y la pérdida de 88.000 puestos de trabajo”. Señaló como causantes a que "el impacto económico del uso turístico y residencial es muy diferente, y lo mismo se puede decir de su incidencia en el empleo”. Sentencia que “la residencialización de inmuebles turísticos supone una merma para la economía de Canarias, la respuesta es la especialización de usos”.

Según comunicado de la Feht, los expertos dejaron claro que los procesos de residencialización en las zonas turísticas de las Islas van en contra del modelo fijado en la legislación canaria sobre turismo y ordenación del suelo, basado en la especialización de usos como garantía para la calidad del destino.

Esto es especialmente relevante en aquellos municipios que, como es el caso de San Bartolomé de Tirajana, tienen mayor peso en el volumen de facturación, recaudación fiscal y empleo, y que además basan buena parte de su oferta de calidad en la actividad extrahotelera gestionada por inversores y empresarios canarios, subrayó el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, Fernando Estany, participante también en las jornadas, que reúnen en San Agustín a cargos públicos, economistas, juristas y profesionales del urbanismo. Carmelo León, director del Instituto de Turismo y Desarrollo Sostenible (Tides), dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), presentó un estudio actualizado con datos de 2022 según el cual el turismo en Canarias factura anualmente 16.900 millones de euros, de los cuales, subrayó, 3.441 millones de euros se convierten en recaudación fiscal, con 344.000 puestos de trabajo creados gracias a 545.000 plazas turísticas.

“El proceso de residencialización supone la pérdida anual de 3.586 millones de euros de facturación, con 943 millones de merma en la recaudación fiscal y la pérdida de 88.000 puestos de trabajo”, destacó el economista, “debido a que el impacto económico del uso turístico y residencial es muy diferente, y lo mismo se puede decir de su incidencia en el empleo”, añadió. “La residencialización de inmuebles turísticos supone una merma para la economía de Canarias, la respuesta es la especialización de usos”, dijo. Pedro Pablo Monzón, arquitecto y director técnico de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, señaló que la residencialización “supone una pérdida en la renovación de las parcelas turísticas, lo que va en contra de la calidad de la oferta. Y en general la compatibilidad de usos supone una pérdida de la calidad de vida, tanto para los residentes como para los visitantes. Además, genera un efecto contagio que se extiende a los complejos colindantes”. El urbanista recordó que la ciudad turística “no está pensada para la ciudad convencional, carece de los equipamientos y servicios más complejos que son propios del uso residencial”.

También destacó que los ayuntamientos canarios no han cumplido con la especialización de usos a la que les obliga la legislación autonómica, y puso como ejemplo al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que defiende la segregación entre los usos turísticos y residenciales, mientras que los usos mixtos están expresamente prohibidos. Preguntado sobre la situación de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, consideró necesario abordar la especialización y estimó que la ordenanza impulsada por el grupo de gobierno del municipio tirajanero “es contraria a la legalidad, tanto insular como autonómica”. “En realidad, es un sucedáneo al trabajo que en realidad debe realizar el Ayuntamiento, que es la especialización de usos”, afirmó el experto.

Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción del Gobierno de Canarias, también fue preguntado por este asunto y consideró que la tramitación de la ordenanza “solo puede terminar en la especialización, no en lo contrario”. “No tengo dudas de que el Estado de Derecho y el interés general triunfarán, porque el principio de especialización es un pilar del modelo turístico canario, y quien lo quiera cambiar tiene que hacerlo a través de una reforma legal en el Parlamento de Canarias”, señaló el alto cargo del Gobierno autonómico, para quien el futuro de Canarias “pasa por tener un buen producto turístico especializado y de calidad, porque es lo que garantiza los puestos de trabajo, los ingresos fiscales y la redistribución de la riqueza”. “No olvidemos que San Bartolomé de Tirajana es el buque insignia turístico de Canarias, y si se equivoca lo acusará todo el Archipiélago. Por eso debemos opinar todos, con mucho respeto a la autonomía municipal, pero con respeto al interés general”, sentenció.

Por su parte, Rosa Martínez, directora del Departamento de Derecho Público y Urbanismo del bufete Montero y Aramburu, dejó claro que el proceso de residencialización de inmuebles turísticos “se ha producido en contra de la ley, porque el legislador autonómico ha considerado por principio que el criterio general es la incompatibilidad entre el uso turístico y el uso residencial”. Para afrontar la actual realidad, la jurista abogó por “promover la especialización de usos, pero no la compatibilidad automática, tal y como plantea la ordenanza provisional impulsada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que parece concebida para eludir la acción inspectora de otra administración, en este caso el Gobierno de Canarias”.

Respecto al futuro, Martínez subrayó que es posible cambiar el modelo “cambiando las leyes, pero evaluando las consecuencias, porque el modelo turístico canario ha sido un éxito y eso incluye a la unidad de explotación, que está vigente en todas las comunidades autónomas y busca que el turista alojado en un establecimiento tenga un solo interlocutor”, afirmó. Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, señaló que en la actualidad “el 13% de la población canaria reside en el 2% del territorio, es decir, en los espacios turísticos litorales de las Islas. Por tanto, una cosa es lo que dicen las leyes y otra la realidad”. Subrayó que el legislador autonómico “ha buscado la zonificación desde la Ley de Directrices de 2003, pero entre 2009 y 2023 se han perdido 100.000 plazas extrahoteleras en Canarias, por el alquiler vacacional y la residencialización”. “Las zonas turísticas no son ciudades, pero en la actualidad en ellas conviven visitantes con residentes por ocio o por trabajo”, afirmó el geógrafo, quien se mostró “más partidario de regular que de prohibir para abordar esta situación”. Finalmente, Rosa Rodríguez, coordinadora de informes en el Colegio de Economistas de Las Palmas, puso el acento en la situación del mercado de la vivienda en las Islas, al señalar que en Canarias “hay 35.000 demandantes de vivienda, el 53% de ellos en Tenerife, pero hay 30.000 viviendas sin vender y 200.000 vacías”. Criticó que las administraciones “a veces van cada una por su lado, y esto dificulta resolver los problemas”, poniendo como ejemplo la existencia de 13 normas vigentes que tienen que ver con el turismo. “Cada isla es diferente y no podemos tomar decisiones comunes; Gran Canaria ha perdido turistas por haber perdido oferta, mientras que Tenerife los ha ganado”, afirmó.

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