El ejemplo de un pacto de Estado

El reciente acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace más de cinco años, acaba por fin con una de las anomalías institucionales más graves que ha vivido el país en los últimos años y que amenazaba con afectar muy seriamente a nuestra calidad democrática en tanto que afectaba al cumplimiento de la Constitución de una forma flagrante y con enormes perjuicios para el interés de la ciudadanía.

El secuestro político al que el PP tenía sometido el órgano de gobierno de los jueces, con mayoría conservadora y el mandato caducado, con todo tipo de excusas y argumentos cambiantes según el momento para oponerse a su renovación, ha dañado de forma evidente no solo a la reputación institucional de uno de los poderes del Estado, sino también al funcionamiento de la propia administración de justicia y del acceso de los ciudadanos a unos de sus derechos constitucionales.

Más allá de los pormenores políticos del pacto alcanzado por los dos grandes partidos estatales, el acuerdo abre un horizonte esperanzador para corregir algunos de los vicios que han marcado la relación entre el poder judicial y el poder político en los últimos tiempos, para profundizar en la independencia de los jueces sin perder tampoco su necesaria conexión con la soberanía popular encarnada en sus representantes en las Cortes Generales. Con esa doble mirada, la renovación del CGPJ permite a partir de ahora desatascar el nombramiento pendiente de decenas de plazas vacantes en todo tipo de órganos jurisdiccionales en el conjunto del Estado.

Los nuevos veinte vocales del gobierno de los jueces deberán ahora, una vez sean ratificado su nombramiento por las Cortes, proceder a todos esos nombramientos pendientes y entre ellos los de cinco plazas ahora vacantes que son de vital importancia para el funcionamiento de la administración de justicia en Canarias.

En concreto, los miembros que deberán ser elegidos ahora son los respectivos presidentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y la Sala de lo Social del TSJC en Las Palmas, y los de la Sala de lo Social del alto tribunal autonómico, y de la Audiencia Provincial de Tenerife. También está pendiente la sustitución de Emilio Moya como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que sigue en funciones desde enero.

El retraso de estos nombramientos en los órganos judiciales de Canarias ha afectado a la dinámica de funcionamiento de la administración de justicia en unos momentos en que precisamente se ha incrementado el número de delitos prácticamente en todas las islas, encadenando en 2023 su quinto año consecutivo como la comunidad autónoma con mayor litigiosidad.

Además, el propio TSJC ya centraba la atención en la presentación de la última memoria anual en la necesidad de crear al menos siete nuevos juzgados para hacer frente a esta alta tasa de demanda de actuación de la justicia. No se trata solo por tanto de poner orden y normalizar en términos institucionales el gobierno de los jueces, y que éste cumpla sus funciones y atribuciones, sino también, y sobre todo, para el buen rendimiento de la administración de justicia y que la acción de jueces y magistrados se traduzca en un adecuado servicio en esta materia a los ciudadanos.

Quizá no se pueda otorgar a este acuerdo entre el PSOE y el Gobierno central por una parte, y el PP por otra, para la renovación de CGPJ el carácter de pacto de Estado dado que quedan fuera de él la mayoría de las demás formaciones políticas, con el elemento vergonzante añadido de que haya tenido que intervenir Bruselas en él, pero sí constituye un claro ejemplo de que en política (sobre todo en política), cuando se quiere, se puede, y que el país no tiene por qué estar condenado a ese clima de bronca y enfrentamiento por todo. O, a veces, incluso por nada.

A partir de aquí, los partidos deben hacer una profunda reflexión al respecto y plantearse ya en qué otras cuestiones pueden en estos momentos alcanzar grandes acuerdos en bien de la convivencia y del interés general.

¿Cuánto tendremos que esperar para otro gran acuerdo, a ser posible sumando a la mayoría de formaciones? En el horizonte más cercano tienen la posibilidad de alcanzarlo en otra de las cuestiones que está ahora mismo sobre la mesa y que, por cierto, es de gran importancia para Canarias, como es la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

La propuesta acordada por el Gobierno de España y de Canarias es un punto de partido completamente válido que los grupos del Congreso deberían respaldar con las matizaciones o aclaraciones que incorporen las comunidades autónomas en la correspondiente conferencia sectorial, aunque para ello el PP vuelve a tener la pelota en su tejado aclarando su posición. Confiemos en que esa propuesta pueda llegar a buen puerto y que el Gobierno central pueda salvar las presiones y posiciones insolidarias de Junts, que quiere excluir a Cataluña del reparto, y el PP el chantaje y la influencia tóxica y xenófoba de Vox, que amenaza con romper sus pactos en las cinco comunidades que cogobiernan.