Coronavirus | La vacunación para frenar la pandemia

Sanidad constata el engaño del obispo de Tenerife para colarse en la vacunación

La consejera de La Palma y otros cuatro concejales también infringen el protocolo | La Consejería delega en las instituciones la aplicación del castigo a los infractores

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias. | | MARÍA PISACA / Verónica Pavés

santa cruz de tenerife 06 FEB 2021 0:00 Actualizada 06 FEB 2021 11:44

Un informe realizado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha concluido que el obispo de La Laguna, Bernardo Álvarez, se ha vacunado contra la Covid-19 saltándose su turno. Es decir, se ha aprovechado de su influencia para incluir su nombre en los listados que fueron remitidos a mediados de diciembre a la Administración. En la lista de infractores se encuentran también cinco cargos políticos canarios, tanto insulares como municipales, y entre ellos, Susana Machín, la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, que se vacunó alegando que tenía un despacho en la residencia Hospital de los Dolores.

Todos ellos recibieron la inoculación durante la primera fase y, la mayoría aparecía en los listados de vacunación del SCS, a pesar de que el Ministerio de Sanidad dejara claro que tan solo se podían vacunar las personas más vulnerables. “Esta relación de personas no están vacunadas de acuerdo a los criterios establecidos en el actual protocolo”, sentenció ayer el consejero de sanidad, Blas Trujillo, en una de sus intervenciones en el Parlamento de Canarias tras ser increpado por varios grupos parlamentarios de la oposición sobre el asunto. “Una de las situaciones más vergonzosas ha sido ir conociendo que algunos se han utilizado sus cargos y capacidad de influencia para saltarse los protocolos”, destacó Luis Alberto Campos, diputado de Nueva Canarias, quien indicó que esta “falta de ética” e “insolidaridad”, hace mucho daño “aunque sea un hecho minoritario”. Otros, como el nacionalista Guillermo Díaz Estébanez, llegaron a calificar estos actos de “caradurismo vacunal”.

En esta lista se encuentra la Consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puntallana, Eugenia Rodríguez Rodríguez; la concejala de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad del Ayuntamiento de Puntagorda, Mercedes Candelario Pérez; el concejal de Hospital, Salud Pública, Seguridad y Salud en el Trabajo de Garachico, José Elvis de León Rodríguez; y la concejala de Bienestar de Arafo, Virginia Rodríguez; además del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez.

En todos los casos se puso la excusa de que trabajaban o residían en geriátricos

En el caso de Álvarez, su nombre aparecía en los listados remitidos a la Consejería de Sanidad alegando que su vivienda habitual se encontraba en la Residencia Sacerdotal San Juan de Ávila. El obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer el 13 de enero, junto a los sacerdotes mayores que viven en la residencia sacerdotal San Juan de Ávila, las religiosas, responsables del centro, personal de la casa y de la empresa externa que se ocupa de la limpieza. Álvarez engañó a Sanidad asegurando que residía en el geriátrico, sin embargo, vive en una casa contigua, donde no tiene ningún contacto con los internos del centro.

El Obispado Nivariense informó, aun así, en un comunicado y “ante las informaciones publicadas sobre la vacunación de la covid-19” que Bernardo Álvarez estaba incluido en el listado enviado a las autoridades sanitarias.

El obispo no forma parte de los grupos de riesgo establecidos por el Ministerio y la Consejería de Sanidad, donde sí están los residentes y el personal laboral de la residencia. La justificación tanto de Álvarez como del Obispado es que al mantener su domicilio en ese lugar, en concreto en un apartamento adjunto, con cuyos residentes tiene frecuentes contactos y comparte algunos servicios que se prestan, fue añadido a lista de vacunación. Pero el obispo, no obstante, no vive en la residencia sacerdotal San Juan de Ávila, por lo que no mantienen ningún contacto con los internos, tal y como adelantó ayer este diario. El obispo vive a cien metros de las instalaciones, en un bloque independiente al del geriátrico con el que comparte un patio interior.

Susana Machín ni siquiera aparecía en el primer listado que se remitió a la Consejería de Sanidad. Fue más tarde, cuando los sanitarios se encontraban en plena faena en el Hospital de los Dolores, cuando el director médico del centro les dio instrucciones de que también había que vacunarla, dado que tenía uno de sus despachos allí e interactuaba con pacientes, familiares y el resto de trabajadores de manera continua.

Las justificaciones han sido diversas y parten desde que los responsables del centro sociosanitario lo requirieron, como es el caso de la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puntallana, Mercedes Candelario o el concejal de servicios Sociales de Garachico, Elvis de León; hasta que simplemente el susodicho cuenta con un despacho en la residencia de ancianos en la que tocaba la vacunación o que es responsable del centro. Pero ninguna de ellas es válida.

Una vez culminado este informe, la Consejería de Sanidad pone la pelota en el tejado de las instituciones, pues dirimir cuál debe ser la amonestación que reciba cada una de estas personas “excede nuestro ámbito competencial”, como señaló Trujillo.

El consejero, además, descartó tomar medidas como la publicación de los listados vacunales, dado que eso puede generar “una gran sospecha sobre el proceso” y, al ser cuestionado por una posible sensación de impunidad que pueda derivar en más casos de este tipo, insistió en que “todo el mundo debe ser consciente” de la situación que se está atravesando la sociedad en su conjunto debido a la pandemia y de la necesidad de seguir a rajatabla las decisiones adoptadas en los protocolos nacionales.