Las víctimas del escándalo de la sangre infectada en el Reino Unido: "Queremos que se haga justicia"

Paul Mackey tenía apenas cuatro años cuando fue diagnosticado con hemofilia, una enfermedad que impide la correcta coagulación de la sangre. Poco después inició un tratamiento en el hospital de Southport, en el noroeste de Inglaterra, con un método novedoso: el uso de plasma concentrado de varios donantes para suplir la falta de proteína de coagulación. Lo que Mackey no sabía en ese momento es que ese plasma estaba infectado con VIH y con Hepatitis C, un problema que afectó a más de 30.000 personas en el Reino Unido, especialmente en las décadas de los 70 y los 80, y que ha causado cerca de 3.000 muertes desde entonces. 

Mackey perdió la vida en 2020, con 51 años. “Descubrió que tenía el VIH con 24 años tras sufrir un accidente de tráfico leve pero se negó a empezar un tratamiento porque no tenía síntomas y porque no se fiaba del sistema”, explica Stuart. No fue hasta tres años después cuando se vio obligado a empezar un tratamiento tras contraer tuberculosis y sufrir una rápida degradación de su salud debido a la vulnerabilidad de su sistema inmunológico. Su estado mejoró a partir de entonces, pero Mackey seguía siendo escéptico con los servicios médicos. “Tenía que vivir con la ironía de que el mismo sistema que le había infectado también le hacía sentirse mejor”, añade su hermana.

Comisión de investigación

El caso de Mackey es uno de los muchos que ha estudiado la Investigación de Sangre Infectada, una comisión independiente creada en 2017 para aclarar lo ocurrido y que publicará su informe final este lunes. A lo largo de la investigación se ha podido constatar que altos cargos del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) eran conscientes de los riesgos que suponía utilizar un plasma que había sido elaborado a partir de donaciones de decenas de miles de personas. Por aquel entonces, muchas de las donaciones procedían de reclusos y personas con drogadicción en Estados Unidos, donde se ofrecían compensaciones económicas y donde el sistema apenas estaba regulado. 

La comisión de investigación ha publicado informes preliminares que demuestran el uso indiscriminado de productos derivados de sangre infectada para tratar la hemofilia y para hacer transfusiones en el Reino Unido. Documentos publicados por la BBC señalan que, en algunos casos, los niños con hemofilia fueron utilizados como conejillos de indias para comprobar el grado de riesgo que el uso de estos productos suponía en la contracción de enfermedades como el VIH o la Hepatitis C. Unos ensayos que se llevaron a cabo sin el consentimiento de las familias, en muchos casos, y que provocaron la muerte de la mayoría de los niños que participaron.

Lucha de las víctimas

Las organizaciones de víctimas aseguran que las autoridades sanitarias desoyeron las advertencias de los organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, que alertó del riesgo de utilizar productos derivados de la sangre de más de 10 donantes. Jason Evans, director de Factor 8 –la mayor asociación de víctimas de este escándalo en el Reino Unido– apunta a dos teorías para explicar por qué los sucesivos gobiernos evitaron investigar lo ocurrido durante años. “La respuesta siniestra es que los responsables del servicio de salud, de las compañías farmacéuticas y del propio Estado sabían que eran responsables de la muerte de miles de personas”, afirma.

La otra teoría es que los sucesivos gobiernos eran conscientes del enorme gasto en concepto de indemnizaciones que supondría reconocer la responsabilidad del Estado. “La mayoría de las estimaciones apuntan a que las compensaciones podrían ascender a un total de 10.000 millones de libras. Los distintos gobiernos pensaron que este dinero se podría utilizar de otra manera, con la construcción de hospitales o la investigación en tratamientos de cáncer. La cuestión es que no se puede negar la justicia para hacer esto, el principio de justicia tiene que ir por delante”, asegura Evans.  

Asunción de responsabilidades

Por ahora nadie ha asumido responsabilidades sobre lo ocurrido. El primer ministro, Rishi Sunak, ha mostrado su voluntad de iniciar los pagos de las indemnizaciones una vez publicadas las conclusiones finales de la investigación, pero la esperanza de las víctimas de ver a los responsables pagar por sus actos se han ido desvaneciendo a medida que han ido pasando los años. “Intento ser realista. Algunas personas afectadas quieren ver a los responsables entre rejas, pero muchos de los villanos de esta historia están muertos, especialmente los que tenían cargos relevantes en los años cincuenta y sesenta”, explica Evans. 

Paul Mackey se distanció de su familia en los últimos años de su vida, cuando su salud se deterioró rápidamente debido al VIH y a la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (ECJ), un trastorno cerebral que provoca una disminución rápida de las facultades motrices y mentales. Su hermana señala que él nunca quiso participar en la investigación de forma activa debido al escepticismo que le provocó su propia experiencia, pero ella todavía cree que es posible obtener justicia. “Para Paul, que reconozcan lo que ocurrió era más importante que cualquier compensación económica”, asegura Stuart. “Quiero que se haga justicia por él, eso es lo más importante para mi”. 

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