Un guardia civil de Telde, detenido en 2016 por organización criminal, vuelve a ser arrestado por vínculos con el narcotráfico

La supuesta doble vida de un agente de la Guardia Civil destinado en el Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán (pero natural de Jinámar, Telde) llegó a su fin en 2016. Al menos, de manera temporal: de detener a ser detenido. R. A., esas son sus iniciales, cayó por su presunta pertenencia a una red de narcotráfico e ingresó en prisión, aunque fue absuelto al considerar ilegales las escuchas que llevaron al desmantelamiento del grupo criminal. Entonces tenía 36 años.

Este miércoles, volvió a ser arrestado, de nuevo, mientras hacía su trabajo como guardia civil, puesto al que tuvo que ser reincorporado tras la sentencia absolutoria. Lo destinaron lejos: abandonó Gran Canaria y se fue al cuartel de San Roque, en Cádiz. Allí, sus compañeros le pusieron las esposas hace dos días acusado de presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales. Este viernes, si nada cambia, pasará a disposición judicial.

En la operación actual, según confirman fuentes de la Guardia Civil en Algeciras, han sido detenidas cuatro personas en un caso en el que se investiga a un grupo criminal. La causa ha dado de nuevo el salto a la Isla, ya que, según ha podido saber este diario, la madrugada del miércoles, al tiempo que se detenía a R. A. en San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria se arrestó a dos familiares del agente, presuntamente, por blanqueo de capitales. Uno fue detenido en una vivienda de La Paterna y, el otro, en La Isleta, en una intervención coordinada desde Algeciras. 

De la investigación solo se sabe que está vinculada, presuntamente, a una red de narcotráfico que operaba en el Campo de Gibraltar. No han trascendido datos, por ahora, del papel que jugaba el agente canario en la banda, aunque se sospecha que podría facilitar información al grupo. 

Entramado serbocroata

La trayectoria de R. A. en el Cuerpo comenzó a estar en entredicho en 2016, cuando ingresó en prisión por tráfico de drogas y pertenencia a banda organizada. El juicio arrancó en 2018 y, en la Audiencia Provincial de Las Palmas, se sentaron 17 miembros del entramado canario-serbocroata por supuestamente introducir hachís y cocaína en la Isla. Para R. A. el Ministerio Público solicitaba diez años de cárcel, al considerarlo responsable de traer la droga desde Lanzarote a Gran Canaria. Además, habría informado a otros acusados sobre si eran investigados por la Policía. Esto siempre según la Fiscalía.

Pero los abogados denunciaron irregularidades en la investigación policial, sobre todo en lo que respecta a las escuchas, y solicitaron que el juicio se declarase nulo. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo que, en contra del criterio de la Fiscalía, anuló la operación y absolvió a los 17 investigados, que estaban acusados de delitos contra la salud pública, tenencia de armas prohibidas, delito continuado de falsificación de documento oficial, blanqueo de capitales, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal. R. A. fue reincorporado y enviado a Cádiz, donde ahora ha vuelto a ser detenido.