La renovación del poder judicial desbloquea cinco plazas en Canarias

El pacto firmado este martes entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abre una nueva vía para elegir las cinco plazas vacantes que existen en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en las Audiencias Provinciales de Las Palmas y Tenerife. Los cinco años de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces han dejado graves secuelas en la Justicia canaria, que al mismo tiempo ha tenido que hacer frente a una tasa de delitos al alza. Sin ir más lejos, las Islas encadenaron en 2023 su quinto año consecutivo como la comunidad autónoma con mayor litigiosidad de España. 

El CGPJ debe cubrir a partir de ahora las 38 vacantes pendientes que hay en los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país, a lo que se suman los cargos a la espera de nombramiento del Tribunal Supremo, Audiencias Provinciales, Primera Instancia y Audiencia Nacional. Una de las principales consecuencias de la caducidad del mandato era que el órgano no podía realizar nuevos nombramientos para ocupar las plazas que iban quedando libres.

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La memoria judicial del TSJC recoge la composición de su Sala de Gobierno a 31 de diciembre de 2023, momento en el que ya existían cuatro vacantes de miembros natos por la prohibición impuesta al CGPJ para realizar nombramientos bidireccionales. Los miembros que deberán ser elegidos ahora son el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y el presidente de la Sala de lo Social del TSJ en Las Palmas, el presidente de la Sala de lo Social del TSJ en Tenerife y el presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife. 

El CGPJ debe cubrir las 38 vacantes que hay en los Tribunales Superiores de Justicia del país

Además, en enero de este año también caducó el mandato de Emilio Moya como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El magistrado de la Sección Sexta ha seguido desempeñando sus cargos en funciones a la espera de que se desbloqueara la situación del CGPJ para que se efectuara un nuevo nombramiento. Moya asumió la presidencia de la Audiencia Provincial en 2013 y desde entonces ha seguido renovando su cargo en sucesivas ocasiones. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya centraba la atención en la presentación de la última memoria anual en la necesidad de crear al menos siete nuevos juzgados para hacer frente a la alta tasa de litigiosidad. El presidente de la institución, Juan Luis Lorenzo Bragado, expuso la necesidad de instaurar, en la provincia de Las Palmas, un juzgado de Primera Instancia y uno de lo Social para el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria. En el caso de Arucas, es preciso sumar un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, al igual que ocurre en el partido judicial de Telde. 

Alto volumen de entradas

La provincia de Santa Cruz de Tenerife también necesita refuerzos para aliviar la sobrecarga de trabajo en los juzgados. En concreto, el TSJC precisa que hace falta crear un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Güímar y, en Santa Cruz de Tenerife, un Juzgado de Primera Instancia y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 

La Sala de Gobierno considera "prioritaria e imprescindible" en su informe la creación de, al menos cuatro nuevas plazas en órganos colegiados a lo largo del año 2024. El organismo prioriza la creación de dos plazas para las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de una plaza en la Sala de lo Social del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, y una plaza en las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Estas reclamaciones se realizan en base a los últimos datos judiciales de 2023. La comunidad autónoma registró en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo y social un total de 417.539 asuntos, lo que supone un 5,9% más que en 2022. Pese al aumento de litigios, los juzgados consiguieron aumentar la tasa de resolución un 1,3% y cerraron el año con 380.394 asuntos resueltos. 

Las Islas encadenan su quinto año como la comunidad autónoma con mayor litigiosidad

La tasa de pleitos fue en 2023 de 188.67 por cada 1.000 habitantes, lo que supone un 43,01 más que en la media estatal (de 145 asuntos) y 31,91 más que la siguiente región con más litigios (Andalucía con 156,76 por casa 1.000 habitantes). 

Con respecto a los datos por partidos judiciales, el más litigioso en términos absolutos fue Las Palmas de Gran Canaria con 107.458 asuntos, un 2,5% más que en 2022. En la lista le siguen Santa Cruz de Tenerife con 61.490 asuntos (un 5,7% más que el año anterior), Arrecife de Lanzarote (28.727 delitos), San Cristóbal de La Laguna (28.011), Arona (27.349) y San Bartolomé de Tirajana (26.968). Cierran la lista Telde, Puerto del Rosario, Granadilla de Abona, Santa María de Guía, Arucas, Güímar, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz, La Orotava, San Sebastián de La Gomera y Valverde de El Hierro.

El estudio del TSJ distingue dos etapas clave y diferenciadas en el aumento de litigiosidad. Por una parte, en el periodo de 2013 a 2015 Canarias mostraba una tasa más alta que la media nacional, pero con valores muy ajustados. Ha sido entre 2015 y 2023 cuando se ha acentuado de forma notable la diferencia entre las Islas y la media nacional. «Las medidas de refuerzo impulsadas por esta Sala de Gobierno —no todas concedidas— tratan de paliar la escasez crónica de recursos, pero no siempre son suficientes. Tal como se concluye de las estadísticas, resulta obligado aumentar la planta judicial de Canarias», sostiene el TSJC.

Situación tensionada

El informe anual incide en que "la situación de la planta judicial canaria, tensionada por la altísima litigiosidad de nuestra Comunidad, apenas se ha visto paliada por la creación de nuevas unidades judiciales en 2023". El pasado mes de diciembre se dispuso por ello la creación de 70 nuevas unidades judiciales en toda España, seis de las cuales corresponden a Canarias: juzgados de Primera Instancia para San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Puerto del Rosario y otro de Violencia Sobre la Mujer en Las Palmas de Gran Canaria. 

Sin embargo, el TSJC expresó su "preocupación" porque se cerró el año 2023 sin la entrada en funcionamiento de los tres órganos previstos para 2022. Este problema afecta a "partidos colapsados" por el alto volumen de trabajo, en concreto en Granadilla de Abona y en San Bartolomé de Tirajana, donde está prevista la creación de dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

Las Islas necesitan la creación de al menos siete juzgados más para aliviar la carga de trabajo

Las recomendaciones para crear nuevos juzgados se realizan en base a un acuerdo del CGPJ y el Ministerio de Justicia para crear un sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales. Se toma como referencia la superación del módulo en más de un 30% de media en los cinco años anteriores.

Canarias necesita siete juzgados más para afrontar el exceso de litigios

Una de las posibles explicaciones al fenómeno de la alta litigiosidad en Canarias es el gran peso del turismo en las Islas y la consecuente incidencia de una amplia población flotante. El presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo Bragado, apuntó en la presentación de la memoria anual a que los 16 millones de turistas internacionales que recibe el Archipiélago representan el 16% de la población residente. "Este dato, como ya poníamos de manifiesto en ediciones anteriores, debería obligar a replantearse sobre qué parámetros se han de dimensionar las necesidades de la Administración de Justicia, es decir, no se puede atender solo a la población de derecho, sino a la de hecho", destacó. 

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