Migración: Europa se moja (pero poco)

El fenómeno migratorio es uno de los grandes asuntos sobre los que más inciden los partidos y candidatos que se presentan a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo día 9. Es sin duda un elemento central de la campaña. Pero se hace sin embargo con demasiadas generalizaciones y lugares comunes y con muy pocas propuestas concretas y efectivas que sirvan para abordar y dar respuesta a las sucesivas crisis humanitarias que se producen tanto en el origen del fenómeno, como las que se provocan como consecuencia del mismo.

Tanto desde el ámbito de las candidaturas y de los programas electorales, como desde el más genérico de algunos gobiernos de los países miembros de la UE, la cuestión migratoria no se aborda en toda su integridad y las pocas ideas que están surgiendo tampoco responden a la verdadera naturaleza del problema, ni sirven para desarrollar una verdadera política común para la gestión del fenómeno de una manera al tiempo eficaz y humanitaria.

Canarias está en el epicentro de esta problemática. Justo en dos meses se cumple el 30 aniversario de la primera llegada a las costas canarias, en concreto a Fuerteventura, de un patera procedente de África, con dos jóvenes saharauis como pasajeros, y desde entonces no ha parado de crecer hasta llegar al récord de casi 40.000 migrantes en 2023 (un 150% más que el años anterior), que se verá superado este 2024 con creces teniendo en cuenta que en lo que llevamos de año ya arribaron a las Islas más de 17.000. Y se prevé que se puedan alcanzar los 70.000 hasta diciembre. Es, en todo caso, un fenómeno imparable que necesita de una mirada global de todos los países miembros y de la próxima Comisión Europea. El número de muertos y desaparecidos desde que ‘abrió’ la ruta a Canarias es incalculable, pero se estima que en 2023 fueron más de 6.000, considerándose la más mortífera del mundo, muy por encima de las mediterráneas entre el norte de África y las costas del sur continental europeo.

La respuesta que hasta la fecha ha dado la UE a esta permanente crisis no ha estado a la altura de su gravedad, tanto en lo que afecta a la seguridad de los migrantes, como en lo que tiene que ver con la gestión de la acogida en los territorios a los que llegan. La corriente dominante en la mayoría de países miembros que no son frontera de no asumir como problema de la UE este fenómeno ha condenado a los territorios receptores a gestionar en solitario todas las consecuencias, sin que la puesta en marcha en 2002 de Frontex haya tenido demasiados resultados prácticos.

Las elecciones europeas ponen en juego buena parte de la gestión de la problemática pero sin que se esté incidiendo de una manera excesivamente rigurosa, sobre todo a la luz de los discursos que los países con gobiernos antiimnigración o con presencia dominante de partidos xenófobos de ultraderecha están imponiendo en el debate político electoral.

Llegadas masivas

La reciente aprobación del Pacto de Migración y Asilo, que tanto costó articular entre los 27 y en el propio Parlamento Europeo, ha sido sin duda un hito importante porque por primera vez se establece un mecanismo de solidaridad y redistribución de personas rescatadas en el mar por todo el territorio europeo, pero que tiene muchas lagunas. Para que se pueda aplicar le queda aún pendiente el desarrollo de un reglamento. Si la tarea no es fácil de por sí, menos lo será si se diera el caso de una Cámara con gran presencia de los partidos antiinmigración.

El pacto pone en marcha una legislación europea que permita que la responsabilidad sea compartida por todos los Estados miembros y que la solidaridad sea obligatoria, además de la también obligada aportación de fondos para afrontar servicios básicos como interpretación, asistencia letrada, reconocimiento médico, distinción de edades, alimentación y traslado. Además, se podrá afrontar situaciones de crisis locales o regionales que obligaría medidas extraordinarias por parte de la UE, un elemento esencial para que Canarias pueda verse beneficiada en situaciones puntuales de llegada masivas en muy corto plazo de tiempo como ha ocurrido en los últimos años en crisis como la del muelle de Arguineguín o la de El Hierro.

Sin embargo, ese nuevo mecanismo solidario tiene importantes lagunas que ponen en entredicho su eficacia, como es el caso de que cada país puede elegir el tipo de solidaridad que aporta al sistema, por ejemplo mediante pagos compensatorios por negarse a recibir migrantes.

La regulación del pacto europeo sobre esta cuestión durante la nueva legislatura comunitaria deberá concretar impedir esta especie de ‘compra-venta’ de obligaciones de acogida, a razón de 200.000 euros por persona, que acabe por inhabilitar la precaria fórmula acordada. Una de las propuestas sobre la mesa en esta campaña es la de arbitrar sanciones a los países que se nieguen a cumplir el pacto.

Para enredar más. En pleno debate electoral ha surgido la propuesta de quince Estados miembros, encabezados por Dinamarca, para desarrollar la externalización de la política de migración y asilo, argumentando que el aumento «insostenible» de las ‘llegadas irregulares de migrantes’ observado en los últimos años justifica pensar «fuera de lo común». Proponen «cambiar el enfoque de la gestión de la migración irregular en Europa» y «transferir parcialmente las tareas de las autoridades nacionales a los países vecinos». Los firmantes, entre los que también se encuentran Italia, Grecia, Bulgaria, Países Bajos, Austria, Polonia o Rumanía, abogan por «asociaciones globales, mutuamente beneficiosas y duraderas» con las naciones situadas a lo largo de las rutas migratorias, siguiendo el ejemplo de los acuerdos que la UE ha alcanzado con Turquía, Túnez y Egipto, que destinan millones, o incluso miles de millones de euros, en fondos de la UE, a cambio de controles fronterizos más estrictos.

«Esto acabaría convirtiendo definitivamente a Canarias en la Lampedusa del Atlántico», señalado algunas voces en relación a esta propuesta, que marca las posiciones de fondos de muchos países miembros sobre su negativa a asumir una cuota de acogida.

Reparto de menores

La situación a la que se enfrenta Canarias en este marco es muy compleja por la expectativa de que lo que se ha dado en llamar «el avispero del Sahel», y por las emergencias humanitarias en todo esa zona de África están produciendo la inestabilidad en esos países, y por los efectos económicos y sociales consecuencia del cambio climático.

Desde la crisis de los cayucos de 2006, la primera que puso en tensión las costuras sobre la capacidad de acogida en el territorio de llegada de los migrantes, Canarias viene demandando una mayor implicación tanto del Gobierno de España como de la propia UE, y ha sostenido demandas en este sentido que han provocado no pocas crisis de relaciones entre los diferentes Ejecutivos en las Islas y en Madrid, pero que a la postre interpelaban también a las autoridades de Bruselas.

En todo este marco Canarias está a punto de conseguir una de sus más antiguas reivindicaciones: el reparto obligatorio entre el resto del territorio español de los menores migrantes no acompañados. Para ello está a punto de cerrar un acuerdo con el Gobierno central para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que deberá tener el refrendo del Congreso y contar por tanto con el apoyo del PP, cuya dirección nacional aún no ha aclarado su posición en espera de conocer el texto y la respuesta de las comunidades autónomas que gobierna.

De otra parte, en todo este debate está quedando muy marginada la cooperación con África y los países emisores de migrantes para promover condiciones económicas y de desarrollo que eviten las migraciones masivas y programas eficaces de control de fronteras, como tampoco se está poniendo el suficiente énfasis en las medidas que garanticen los derechos de los migrantes cuando llegan a los países receptores.

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