Una solución desesperada para una emergencia humanitaria insoportable. Canarias estudia instalar carpas en los puertos para acoger de forma provisional a los niños y adolescentes migrantes que lleguen solos a las Islas. Ante la falta de infraestructuras propias y adecuadas para alojar a los menores que arriban a bordo de cayucos, el Ejecutivo canario pone sobre la mesa un plan que pasa por montar casetas en los muelles. Esta medida sería temporal, a la espera de que el Gobierno de España logre sacar adelante la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que permitirá el reparto obligatorio de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. La modificación legal está envuelta desde hace más de una semana en un debate político, que no facilita el avance hacia su aprobación. «Si España no quiere prepararse, Canarias sí», aseguró ayer la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
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En el Archipiélago hay actualmente 5.645 niños y adolescentes bajo la tutela del Gobierno autonómico, repartidos en 80 centros de acogida, la mitad de ellos abiertos en los últimos 11 meses. Las previsiones apuntan a que antes de final de año la cifra de menores pueda triplicarse, llegando hasta los 16.000. Ante este escenario, la Consejería de Bienestar Social mantiene conversaciones con los cabildos y ayuntamientos para habilitar nuevos espacios y ya trabaja con la Consejería de Educación en un plan para adaptar los colegios en desuso.
Financiación
Delgado destacó que están manteniendo contactos con varios ministerios para conseguir financiación que permita afrontar estas remodelaciones. Si bien, la disponibilidad de estos espacios no sería inmediata, pues requieren de obras que podrían demorarse meses. Por esto, como medida de urgencia, se estudia la posibilidad de montar carpas en los puertos autonómicos para acogerlos de forma temporal hasta que puedan trasladarse a centros mejor dotados.
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La situación de las instalaciones con mobiliario, "paredes y enchufes en mal estado, plagas de hormigas y cucarachas, persianas destrozadas, cables eléctricos sueltos y falta de control en el consumo de fármacos, además de vejaciones a los menores", son algunas de las situaciones que ya han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía por parte de las abogadas Irma Ferrer y Loueila Mint El Mammy. El asunto también ha llegado al Defensor del Pueblo.
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Solo 24 horas después de concluir la ronda de contactos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los grupos del Congreso para buscar apoyos a la reforma legal que permita el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, el objetivo se complica por la reacción de algunas formaciones políticas y responsables de comunidades autónomas, y deja aún más en el aire el éxito de la iniciativa planteada conjuntamente por los gobiernos central y canario.
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Los representantes de entidades que trabajan con infancia migrante en Canarias, entre ellas Unicef, AcnurSave The ChildrenCear, Cruz Blanca y Cruz Roja, trasladaron este martes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, su pleno apoyo a la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores entre todas las comunidades autónomas, así como a la iniciativa de intentar lograr el apoyo parlamentario en las Cortes para que dicha reforma se lleva término cuanto antes.
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La ruta canaria se ha convertido en uno de los puntos geográficos más mortales del mundo. El trayecto que une África y Canariasy que realizan miles de migrantes se cobra muchísimas vidas que perecen en el mar que une ambas tierras. Según las cifras registradas, han fallecido 4.808 migrantes de enero a mayoEn Gran Canaria, un grupo de activistas pertenecientes a ÁFRICA SE AHOGA han comenzado este domingo una campaña para denunciar esta situación. Han colocado pasquines simbólicos en las fachadas de muchos cementerios de la Isla.
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Unicef y Save the Children exigen una respuesta rápida al colapso del sistema de acogida de menores de Canarias. Ambas entidades humanitarias coinciden en la necesidad de despolitizar la búsqueda de una solución e instan a los representantes públicos a poner en el centro del debate la vida de los niños y jóvenes que han migrado sin el apoyo de un familiar adulto.
Desde la Consejería de Bienestar Social también se ha tocado a la puerta del Ministerio de Defensa para solicitar la cesión de los cuarteles del Marqués de Herrera, en Lanzarote; el Anatolio Fuentes, en El Hierro; y El Fuerte, en La Palma, que se utilizó para acoger a los evacuados durante la emergencia volcánica. Estos espacios ya están habilitados como albergues, con lo que estarían disponibles de forma inmediata. Sin embargo, el Ministerio de Margarita Robles ya negó la semana pasada el uso de los recintos alegando que deben estar operativos, por su función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencias. El martes, la Consejería volvió a reiterar la petición por carta y, además, solicitó una reunión para aclarar los términos de la cooperación. «Vivimos una situación de emergencia desde septiembre del año pasado por la continua llegada de pateras o cayucos y el Gobierno central no lo acaba de entender», destacó Delgado, quien apuntó que está en constante contacto con la Fiscalía de Extranjería y de Menores para abordar la situación.
La consejera señaló que cuando se registra un pico de llegada de menores a las islas no capitalinas, especialmente a El Hierro, no existen recursos de atención inmediata ni capacidad para trasladarlos a Gran Canaria o a Tenerife. Según Delgado, las migraciones no se frenarán hasta que funcione la contención por parte de Frontex y la cooperación con los países de origen, pero «ni España ni Europa se dan cuenta», concluyó.