La empresa ACJ niega que la Fiscalía Europea la investigue por 50.000 test de PCR a un precio 'dopado'

Una de cal y otra de arena en la tercera sesión de comparecencias en la comisión que investiga las posibles compras irregulares de material sanitario durante la pandemia por parte de la Comunidad Autónoma. La parte negativa fue que Kevin Sánchez, administrador único de la empresa Yimbo 7 Inversiones implicada en un traspaso de fondos en el ‘caso mascarillas’, no apareció por el Parlamento, motivo por el cual la Cámara inició los trámites ante la Fiscalía por haber incurrido en un posible "delito de desobediencia" (artículo 501.1 del Código Penal) que podrá ser "castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses" (artículo 556 del Código Penal). Lo positivo para los miembros de la comisión es que Carlos Sánchez, director ejecutivo de la empresa ACJ, principal proveedor de material sanitario del Servicio Canario de Salud (SCS) "antes, durante y después de la pandemia", sí que se sometió a las preguntas, aunque hasta en tres ocasiones afirmó que en ningún momento la Fiscalía Europea se ha dirigido a esta sociedad por estar siendo investigado un contrato de 795.000 euros, con cargo a los fondos europeos, por 50.000 test PCR, con un coste unitario de 15,9 euros que contrasta con el precio de 5,46 euros por unidad que era el que estaba en ese momento establecido en el mercado.

"Nadie de la Fiscalía se ha dirigido a nosotros, esa información de la prensa no es correcta. Ni hemos estado ni estamos investigados por la Fiscalía Europea", afirmó el alto directivo de ACJ.

Sin embargo, la propia Fiscalía Europea señaló en una diligencia de noviembre de 2022 que había iniciado el proceso para investigar varias adjudicaciones que recibieron ACJ SAU, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, OneAirways, Sanitary Traders Spain SL, Tout Espagnol Import y Export, Valsons Trader Exportaciones SL, Titerro International SL, Grifols Movaco, Abbot Rapid Diagnostics Healthcare, Damco Trading Services SA, RC Thecnology Limited y Martín e Hijos.

Esa diligencia, con independencia de que la Fiscalía Europea se haya puesto en contacto o no todavía con los responsables de ACJ, es fruto de la denuncia interpuesta en su momento por Juan Manuel Pérez -el empresario que debió haber comparecido el pasado 8 de julio en el Parlamento, pero que fue imposible de localizar- ante la justicia europea, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y fue el germen del conocido como 'caso mascarillas', pues en la misma se detallaban que las pruebas PCR, mascarillas quirúrgicas y protectores "fueron comprados a un precio mucho mayor que los oficiales del mercado".

"Era una situación imposible, teníamos muchas dificultades para conseguir el material. Había mucho engaño, era un mercado tan volátil que los precios fluctuaban de un día para otro o de una hora para otra, pero ni antes ni durante ni después cambiamos nuestros márgenes con el fin de conseguir un beneficio extra porque no queríamos aprovecharnos de la situación para ganar dinero, sino ayudar", se defendió a preguntas de Javier Nieto (Vox), Luis Campos (NC-Bc) y Fernando Enseñat (PP).

Carlos Sánchez asegura que nunca modificaron sus márgenes de beneficio empresarial

En esa situación, Sánchez insistió en que "había tantas empresas que querían cobrar y desaparecer que había un riesgo en la adquisición de los materiales que hubiera asumido ACJ si algún envío hubiera fracasado, pero ninguno de los materiales que suministramos tuvo ningún problema ni fueron rechazados".

También insistió en que en todo momento, la relación entre ACJ y fue con Ana María Pérez, directora general de Recursos Humanos. Ni contactó para los contratos con Antonio Olivera ni con Conrado Domínguez, que en distintos momentos fueron los directores del SCS.

El dato curioso de la jornada lo puso Rayco González, propietario de RR7 United, la empresa a la que el SCS pagó cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que no llegaron a los hospitales canarios. Este empresario, cuya principal actividad es la compraventa de automóviles de lujo y no el comercio de material sanitario, apareció ayer en la sede del Parlamento creyendo que había sido convocado para comparecer ante la comisión de investigación. Sin embargo, los servicios jurídicos confirmaron que se produjo en su momento un error en la notificación y su comparecencia no se producirá hasta el próximo mes septiembre, por lo que González se apresuró a desaparecer de la sede de la Cámara regional.

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