Los propietarios reclaman el desahucio del asentamiento chabolista de El Pajar

Una parte de los propietarios de dos parcelas en las que después de la crisis por el Covid-19 ha crecido un asentamiento chabolista en El Pajar, en el límite entre los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, presentó el pasado lunes en el Juzgado de Primera Instancia de San Bartolomé de Tirajana una demanda de desahucio por precario a fin de lograr que la Justicia desaloje del lugar a casi un centenar de personas que ocupa ese suelo de manera ilegal. Mientras, de forma paralela, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha abierto un expediente para investigar la ocupación de esos terrenos calificados como rústicos pero donde desde hace más de cuatro años se han levantado casi 150 edificaciones sin permiso.

Tras haber presentado una demanda por usurpación de bienes inmuebles en la vía penal, que fue archivada en dos ocasiones, en primera instancia y por la audiencia Provincial, la propiedad recurre ahora a la vía civil, donde presenta una demanda de desahucio por precario contra todas las personas que están ocupando sin título ni autorización ese suelo. La demanda está dirigida, explica el representante legal, el abogado Aleix Moreno, contra 80 personas ya identificadas durante el anterior procedimiento penal pero también la hacen extensiva a todas las personas que desde entonces hayan podido establecerse en una chabola en esas parcelas y que aún no hayan sido identificadas.

Agentes de la Policía Canaria vuelan la zona con un dron e identifican a los chabolistas

En su demanda, los propietarios reclaman a la Administración de Justicia que investigue la situación de las fincas «porque los propietarios no han concedido ninguna autorización para ocupar el suelo, no se paga nada y por tanto esa ocupación es ilegal», sostiene el abogado, quien aclara que los dueños ya han cumplido con el trámite exigido por la nueva Ley de Vivienda y han solicitado a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán un informe de Servicios Sociales sobre la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en el poblado chabolista. Ninguno de los dos consistorios, afirma, ha respondido a esa petición.

De forma paralela a la presentación de esta demanda, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, dependiente de la consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha abierto un expediente para investigar las infracciones que se hayan podido producir al edificar las chabolas en un suelo rústico, según detalla Aleix Moreno. Hasta la zona se han desplazado técnicos del ente público y agentes de la Policía Canaria y se han realizado vuelos con dron a fin de identificar a las personas que habitan en las chabolas.