Agonía turística de Santana Cazorla

El imperio de Santiago Santana Cazorla al borde del abismo. Nada menos que siete concursos de acreedores (Petrecan SL, Grupo Santana Cazorla SL, Equipo Diez SL, Hermanos Santana Cazorla SL, Mar Abierto SL, Anfi Sales SL y Anfi Resort SL) zarandean y ponen seriamente en entredicho la gestión empresarial padecida durante años por el que en el pasado fue de uno de los más importantes conglomerados empresariales de Canarias vinculados al sector turístico y la construcción.

Con tres de sus sociedades actualmente en liquidación (Hermanos Santana Cazorla SL, Equipo Diez SL y Mar Abierto SL) y con saldos pendientes de cobro con cientos de acreedores por un importe conjunto entre todos los concursos de más de 500 millones de euros, ha entrado a formar parte de la lista que recoge a los principales deudores de la Agencia Tributaria en Canarias, adeudando solo la sociedad Hermanos Santana Cazorla más de 10 millones de euros al fisco.

Hermanos Santana Cazorla, Petrecan, Equipo 10, Mar Abierto y Grupo Santana Cazorla, son sociedades familiares que se encuentran inmersas en una maraña judicial fruto de las históricas desavenencias familiares, un elevado grado de endeudamiento con terceros y una más que dudosa gestión empresarial por parte de sus administradores y gestores societarios, la cual deberá ser analizada y depurada por los distintos administradores concursales y juzgados de Las Palmas.

Deterioro

¿Cómo se ha llegado a este declive? Como ocurre en casi la mayoría de las crisis empresariales, no se llega a una situación tan agravada como esta de la noche a la mañana, ni por una única causa, sino a través de un deterioro continuando a lo largo del tiempo, incluyendo en este caso concreto importantes expedientes de regulación de empleo (ERE) en algunas de las empresas más señeras del grupo, ejecutados incluso antes de la declaración judicial de concurso, y en los que ya se señalaba por parte de sus representantes societarios que se iba a llevar a cabo una liquidación ordenada de las sociedades, según trascendió entre su personal y reconocidos juristas.

Todo ello, acompañado de una falta de decisiones a tiempo, y de una posible «mala praxis empresarial» a la que hay que añadir las históricas disputas entre los hermanos Santiago y Manuel Santana Cazorla que bloquearon con sus discrepancias, años antes de las declaraciones de concurso, la gestión del grupo. Y por si todo esto fuera poco, se produjo una masiva declaración judicial de nulidad de los contratos de compraventas de semanas de time-sharing (tiempo compartido), que obliga a devolver 49 millones de euros a los propietarios .

Anfi del Mar dispone de 869 apartamentos en el barranco de Patalavaca y el complejo de Anfi Tauro cuenta con 119 habitaciones, que se explotan junto a dos campos de golf y áreas comerciales en esa localidad turística del municipio de Mogán.

Mientras dos de las empresas afectadas por tan complicada situación, Anfi Sales y Anfi Resorts, han logrado aprobar un convenio de acreedores que implica su salvación y el cobro por parte de los acreedores de sus créditos en las cuantías por ellos acordadas, una empresa vinculada a la familia de Santiago Santana Cazorla y administrada por uno de sus hijos, Alberto Santana Trujillo, la mercantil Gestiones y Explotaciones Narval SL, es la única que con un crédito que no llega a representar ni al 1% del pasivo, ha recurrido a la Audiencia Provincial de Las Palmas la aprobación de los referidos convenios por el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas. Este recurso de Narval impide con ello que la totalidad de acreedores puedan cobrar lo que se les adeuda en los importes acordados en el convenio y hace peligrar su supervivencia y cientos de empleos, se argumenta en la compañía.

El recurso de apelación no es el primer intento de los herederos de Santiago Santana Cazorla de impedir la salvación de Anfi. Por sentencia del pasado 26 de marzo de 2024, el Juzgado de lo Mercantil desestimó las demandas que se oponían al convenio de acreedores de las empresas Anfi Sales y Anfi Resorts y aprobó la propuesta presentada en el concurso necesario sobre ambas sociedades, lo que según se dijo entonces garantizaba la continuidad de la empresa y el mantenimiento de los más 800 puestos de trabajos vinculados de forma directa a Anfi y los más de 2.500 empleos indirectos.

La sentencia del magistrado Alberto López Villarubia, rechazó las demandas de las entidades Equipo Diez de Gestión Inmobiliaria y Explotaciones Narval, por lo que dio luz verde al convenio de acreedores propuesto por los representantes de Anfi, un documento de 14 puntos donde se detallan los planes de pago y de viabilidad de ambas empresas.

Inmersas en el concurso de acreedores desde septiembre de 2021, el convenio se presentó en febrero de 2023 a propuesta de las empresas deudoras y contó con el aval financiero de Ifa Canarias y el apoyo de Isla Marina, también del Grupo Lopesan, siendo secundado en esa primera fase por el 73% de los acreedores, entre los que se encontraba también el crédito público de la Agencia Tributaria».

Hermanos Santana Cazorla debe más de 10 millones a la Agencia Tributaria en Canarias

El plan de viabilidad alcanzó finalmente el apoyo del 98% de los afectados y propone dos alternativas a los acreedores. Una opción A, que contempla una quita del 45% a cambio de garantizar el cobro el 55% restante; y una opción B, de capitalización de créditos sin quita.

Los que se adhieran a la propuesta de la quita cobrarán la primera anualidad, que corresponde con el 91% del acuerdo, de manera anticipada durante los 30 días siguientes a la firmeza de la resolución judicial, y el 9% restante se abonará al quinto año, estando totalmente avalado su pago.

La declaración de concurso necesario fue presentada en el Juzgado de lo Mercantil por la sociedad Isla Marina, a la que se adeudaba más de 20 millones de euros, y fue aceptada tras la confirmación de los informes periciales en los que se ponía de relieve la falta de liquidez y solvencia de las empresas.

El importe conjunto de los acreedores entre todos los concursos asciende a más de 500 millones

La sentencia del magistrado López Villarubia señala que para poder continuar las empresas con su actividad ordinaria, resulta necesario poder alcanzar con los acreedores un convenio de pagos mediante el que se reestructure su deuda. Como acreedores figuran la Agencia Tributaria, Fogasa, el Ayuntamiento de Mogán, Herbert Poppinga, Gisela Poppinga, Charles Smith y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Isla Marina también presentó el concurso de acreedores de la entidad Hermanos Santana Cazorla, en marzo de 2021, por una deuda de 47 millones. El Juzgado, al no haber propuestas de convenio, ha ordenado iniciar la liquidación.